Con su llegada a plenarias, el Congreso de la República se enfrenta al reto de analizar y dar trámite al proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, uno de los más importante del proceso de implementación del acuerdo y el que definitivamente aclarará cuál es el lugar que el Estado está dando a las víctimas a las que conciernen los acuerdos entre el Gobierno y las Farc.

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Gracias a las inquietudes sobre los riesgos de impunidad, no real sanción a victimarios e inexistentes garantías de no repetición, que han presentado las víctimas, autoridades como el fiscal general, expertos como Human Rights Watch, ONG y políticos, se configura un amplio acuerdo de mayorías sobre la necesidad de que el Congreso exija que los victimarios comparezcan ante la JEP, digan la verdad, demuestren cómo repararán a las víctimas y reciban su sanción antes de ejercer representación política. Por decisión del acuerdo final, y la refrendación hecha por el Congreso, esa representación será simultánea al ejercicio de la representación.

El reclamo por exigir la comparecencia y tener sanción, que es la forma de garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas, ha sido respondido por el Gobierno, que ofrece un peregrino, y hasta ingenuo, condicionamiento a que los farianos juren que comparecerán a la JEP para avalar su aspiración. La respuesta también ha llegado por el abogado-vocero de las Farc, quien ha amenazado a todos sus críticos con someterlo a la JEP para así detener su carrera política. Tales posiciones acrecientan las razonables dudas de que esa justicia transicional tiene altas probabilidades de convertirse en tribunal de venganza, no en garantía de reconocimiento de los derechos de las víctimas.

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En decisión histórica, la Corte Constitucional mantuvo el Congreso la potestad de estudiar, deliberar y decidir sobre los proyectos que le presente la Csivi. La posición mayoritaria sobre la necesidad de no permitir que victimarios sin sanción por la JEP, pero sí serias condenas por la justicia ordinaria, lleguen al Congreso es invitación, y respaldo, a los parlamentarios para que asuman la defensa y garantía de los derechos, hasta ahora desconocidos, de las víctimas.