La Procuraduría ordenó este miércoles la suspensión provisional del alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, mientras se investigan las presuntas irregularidades en el control a las construcciones de la ciudad que se pusieron de manifiesto con el desplome de un edificio que dejó 21 muertos.

El derrumbe del edificio Blas de Lezo II se produjo el pasado 27 de abril cuando los obreros trabajaban en su construcción, y no les dio tiempo para salir.

Este hecho llevó a la Procuraduría a abrir la investigación disciplinaria por las presuntas irregularidades en el seguimiento y control a las construcciones de la ciudad, indicó esa entidad en un comunicado.

El Ministerio Público pidió pruebas sobre los controles a la obra que se derrumbó en el barrio Blas de Lezo.

Asimismo, solicitó a Duque un informe sobre las acciones emprendidas por la administración municipal “para evitar y hacer frente a la construcción de obras ilegales en la ciudad”.

Por otra parte, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa decidió también suspender provisionalmente e investigar a la alcaldesa de la localidad Industrial y de la Bahía que forma parte de Cartagena, Patricia Zapata Negrete, y a Alfonso Ramos de León, inspector de la Comuna 12 de la ciudad.

La investigación cubre además a Luz Elena Paternina Mora, secretaria de Planeación de Cartagena; Olimpo de Jesús Vergara, director de Control Urbano; Ricardo Javier Castellar Pérez, Gilberto Marrugo Maldonado, y Jorge Luis Cudris Pájaro, técnicos y profesional en la Localidad Industrial y de la Bahía.

“La existencia de 55 construcciones sin licencia que se levantan en la Localidad Histórica y del Caribe Norte, sustentan la decisión contra el alcalde y de los otros funcionarios. La presunta falta disciplinaria sigue cometiéndose”, agregó la información de la Procuraduría.

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De igual manera, la Procuraduría interpuso una acción de tutela (recurso de amparo) para proteger los derechos fundamentales de los trabajadores que sobrevivieron al desplome del edifico.
El objetivo es que, acorde con las normas colombianas, tengan derecho a un subsidio de alimentación y al pago de seguridad social por un término de seis meses.
La Procuraduría colombiana es el organismo encargado de velar por el correcto ejercicio de las funciones encomendadas en la Constitución y la ley a servidores públicos.