Con la decisión de Superservicios de liquidar a la empresa Electricaribe se abre la puerta a un litigio entre el Gobierno y la multinacional Gas Natural Fenosa.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios decretó la liquidación de Electricaribe “debido a que la compañía no está en condiciones de prestar el servicio de energía con la calidad y continuidad que se requieren”, señaló este martes José Miguel Mendoza, titular de esa entidad.
Mendoza explicó que mientras se hacen los trámites de la liquidación, “Electricaribe continuará prestando el servicio de energía en el mercado de la Costa Atlántica bajo la administración temporal del agente especial designado por la Superintendencia”.
Explica la Superservicios en un boletín de prensa que, desde el pasado 15 de noviembre de 2016, esta entidad tomó posesión de los bienes, haberes y negocios de Electricaribe para hacerle frente a la crítica situación financiera de la compañía y remediar la deficiente prestación del servicio a su cargo. "Con la necesaria intervención no sólo se evitó un racionamiento generalizado de energía en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, sino que, además, se estabilizaron las finanzas de la compañía con miras a mantener la prestación del servicio a su cargo" precisa el comunicado.
Sin embargo, como lo ha resaltado la Superintendencia en repetidas oportunidades, la intervención, por sí sola, no tenía la virtualidad de mejorar la calidad del servicio de energía en la Costa Caribe. Para que esto ocurra, deben hacerse cuantiosas inversiones orientadas a remediar la obsolescencia de la actual red de distribución de Electricaribe. Por este motivo, desde los inicios de la intervención, los expertos de la Superintendencia de Servicios Públicos han venido analizando si la empresa está en condiciones de hacer las inversiones requeridas para prestar un servicio adecuado.
Las conclusiones de los detallados estudios elaborados por la Superintendencia permiten afirmar que la compañía no está en condiciones de prestar el servicio de energía con la calidad y continuidad debidas. De ahí que sea necesario ordenar la liquidación de Electricaribe.
Así las cosas, se comenzará inmediatamente un proceso abierto y competitivo para encontrar un operador que asuma la prestación del servicio de energía en la Costa Caribe, en cumplimiento de la misión que la Constitución Política de Colombia le ha encargado a la Superintendencia de Servicios Públicos.
"La finalidad es encontrar un nuevo inversionista que pueda asegurar las inversiones que se requieren para que la costa tenga un servicio adecuado conforme a sus necesidades”, agregó.
Sin embargo, aclaró que la Superintendencia “no ha recibido ofertas formales ni podría recibirlas porque apenas se anuncia el proceso de liquidación”.
El presidente Juan Manuel Santos aplaudió esta decisión “para que ni los usuarios ni las empresas de siete departamentos de la costa atlántica “sufran por suministro de energía”.
Respecto a esta medida, la multinacional española Gas Natural Fenosa, accionistas del 85% de Electricaribe indicó que “A Gas Natural no le queda otra alternativa que acudir a una institución internacional para que resuelva la situación creada en la forma prevista en el Acuerdo Bilateral de Protección Recíproca de Inversiones entre España y Colombia”.
Mendoza respondió que “la amenaza de una demanda nacional o internacional no puede llevar a que esta Superintendencia se abstenga de cumplir con su misión de asegurar que las compañías de servicios públicos se adhieran a los estándares legales, sobre todo cuando se trata de una compañía de servicios públicos en quiebra, una compañía insolvente que ha entrado en proceso de liquidación”, apostilló Mendoza.
Electricaribe que suministra electricidad a los departamentos caribeños de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, en donde atiende a 2,5 millones de clientes. En noviembre de 2016, Electricaribe fue intervenida por Superservicios por un plazo inicial de dos meses para hacer frente a la crítica situación financiera de la compañía y remediar la deficiente prestación del servicio a su cargo.