La actuación de la Procuraduría ante posibles omisiones de la Superintendencia de Salud, y la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio en las actividades que adelantan empresas cementeras, así como las sanciones que esta última superintendencia ha impuesto a las empresas del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a las azucareras, hacen relevante el análisis sobre la existencia de estos entes de control y del papel que cumplen en la protección de los derechos de los usuarios.

No se trata de evaluar el trabajo de los organismos de control por las sanciones que imponen y mucho menos por el número indiscriminado de procesos que abren, pero si, por su actuación oportuna y lograr que rápidamente se adopten correctivos que mejoren la calidad de los servicios que las empresas prestan y que los usuarios perciban la intervención del Estado, en procura efectiva de sus derechos.

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Si se examina el alcance de las competencias de la policía administrativa, se encontrará que ellas fundamentalmente buscan que se adopten correctivos o  medidas correccionales, para la eficiente prestación de servicios públicos o el ejercicio de funciones públicas, que en otrostérminos no es nada diferente a que efectivamente se realicen los fines del Estado, pues más que sancionar e indemnizar, que es propio de la potestad disciplinaria y del control  fiscal, el poder correccional lo busca es que se adopten medidas inmediatas, para que se presten adecuadamente los servicios públicos, se ejerzan funciones administrativas y se respeten los derechos de consumidores y usuarios.

Los avances de la intervención de particulares en la realización de actividades que antes estaban encargadas al Estado, así como el establecimiento de un modelo económico en el que se promueve la libre competencia en condiciones de igualdad entre agentes públicos y privados, ha traído como consecuencia la necesidad del fortalecimiento de modalidades especiales de control, como es el caso de policía administrativa que está a cargo de las superintendencias.

La confianza ciudadana en los organismos de control,está asociada a la labor positiva que estos organismos realizan, en relación con los asuntos que directamente afectan la vida cotidiana de las personas, de allí la legitimación que en pocos años ha adquirido la acción de tutela, como mecanismo de protección de los de los derechos fundamentales, y los avances que pueden tener otros organismos de control, como las Superintendencias.

En un Estado Social de Derecho, construido sobre un modelo de democracia de participación, los organismos de control, justifican su existencia en la medida que con sus actuaciones, protegen los derechos de los ciudadanos, en especial los de los usuarios, que como regla general,  se encuentran en condiciones de desventaja frente a los proveedores de servicios que tienen posición dominante; por eso, la importancia de que organismos de control adopten medidas con las cuales los ciudadanos se sienten protegidos y respaldados.

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Los escenarios de privatizaciones, liberalización, competencia y aplicación del derecho privado a los actos de gestión que realizan las empresas de servicios públicos y los particulares que desarrollan el ejercicio de funciones públicas, han generado la falsa idea, de que los servicios públicos y las funciones públicas, se han convertido en actividades privadas, sin controles propios del derecho público y explotados libremente en un escenario donde solo existen las fuerzas del mercado.

A diferencia de la contraloría, que está instituida para la protección del patrimonio público y la procuraduría para garantizar el cumplimiento del deber funcional de servidores del estado y de los particulares que ejercen funciones públicas, las superintendencias son organismos de policía administrativa, que tienen competencias con incidencias directas, en la protección de los derechos de los usuarios.

Ojalá, en Colombia podamos avanzar, en la construcción de un sistema de controles integral, en el que cada organismo de control entienda claramente su razón de ser y que las autoridades de policía administrativa, tengan cada vez más claro, que son el mecanismo de protección más inmediato al que pueden acudir los consumidores y usuarios.