Jorge Arturo Moreno Ojeda, conocido como el “zar de la vigilancia” fue sancionado con cerca de 550 millones de pesos, por prácticas anticompetitivas.
Por violar la libre competencia en licitaciones públicas y económica en procesos de contratación pública, La Superintendencia de Industria y Comercio (Superindustria) sancionó a siete empresas del sector de la vigilancia y seguridad privada y a 17 altos directivos vinculados con estas, con multas que superan los $26.000 millones. Esta decisión hace parte de la lucha frontal del Gobierno Nacional contra la corrupción, en este caso corrupción privada, pues las conductas investigadas no involucran el comportamiento de funcionarios públicos.
La Superindustria encontró que las siete empresas sancionadas conformaron “de facto” o de hecho un Grupo empresarial denominado “Grupo SMG”, el cual es controlado por Jorge Arturo Moreno Ojeda, por medio del cual manipularon, a través de prácticas anticompetitivas, numerosos procesos de contratación estatal con diferentes entidades públicas.
Dicha práctica sancionada por la Superindustria consistió en que las empresas simulaban ser competidoras independientes en las licitaciones públicas por un valor superior a los $70.000 millones entre 2009 y 2012, cuando en realidad actuaban de forma coordinada, concertada y bajo la dirección de su controlante oculto, Moreno Ojeda, engañando a las distintas entidades públicas contratantes.
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Entre las entidades públicas afectadas por la violación de la libre competencia económica se encuentran la Fiscalía General de la Nación, el Icbf, Coldeportes, la Fuerza Aérea Colombiana, el Sena, Emcali, así como el Distrito de Bogotá y varios municipios del país.
Las empresas sancionadas por la Superindustria son: Guardianes, Starcoop, Cobasec, Centinel, Expertos, Insevig y Security Management Group, todas ellas controladas ocultamente por Jorge Arturo Moreno Ojeda, a quien también sancionó la Superintendencia de Industria y Comercio, así como a varios de sus familiares y otros altos directivos de las empresas sancionadas por haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado la conducta violatoria de la libre competencia económica.