El Gobierno debe mantener la claridad de que sería un sometimiento en cuyo marco deben incluirse, además de las rutas y los bienes que el señor Fiscal requirió, la entrega de las armas, el cese de toda actividad ilegal y criminal e información amplia y suficiente sobre sus integrantes.
Después de conocerse el anuncio de Dairo Antonio Úsuga, alias otoniel, máximo jefe de la banda criminal conocida como clan del golfo, sobre su intención de someterse a la justicia colombiana, tanto la Fiscalía como el propio Gobierno han hecho énfasis en dos aspectos esenciales: primero, que no se trata de una negociación política y, segundo, que cualquier acercamiento debe culminar con la entrega de las rutas del narcotráfico y el patrimonio ilegalmente adquirido.
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Tal anuncio y la posibilidad de que un sometimiento se materialice es un hecho de gran impacto para la vida nacional, que tal vez ha quedado relegado a un segundo plano por la visita del papa Francisco al país. Sin embargo, no hay que dejar pasar que la banda criminal en cuestión, autodenominada “autodefensas gaitanistas de Colombia” concentra mayor poder que la guerrilla del Eln, no solo por el número de combatientes sino por el territorio en el que delinquen, y que su líder es, sin duda alguna, el mayor capo del narcotráfico en la actualidad y, por ende, uno de los hombres más buscados en el ámbito mundial.
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Aplaudimos la intención del sometimiento a la justicia, la cual llega tras la reciente baja de alias gavilán, segundo hombre al mando de la organización criminal, que dejó claro que el Ejército y la Policía de Colombia están en capacidad de derrotar al clan del golfo, al ELN y a cualquier grupo armado, incluidas las Farc en su momento, y que quienes están al margen de la ley deben entenderlo así, de modo que, mediante el sometimiento, le eviten al país más sufrimiento y más derramamiento de sangre.
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Reiteramos, eso sí, que el Gobierno debe mantener la claridad de que sería un sometimiento en cuyo marco deben incluirse, además de las rutas y los bienes que el señor Fiscal requirió, la entrega de las armas, el cese de toda actividad ilegal y criminal (incluyendo la extracción de minerales), e información amplia y suficiente sobre sus integrantes de manera que se pueda verificar en el futuro la ubicación de quienes decidan conformar nuevas disidencias que, a la postre, como en el caso de alias gavilán, terminen acumulando desmovilizaciones infructuosas.