El hecho de que los servicios públicos se sometan a un régimen jurídico especial, determinado por la intervención del Estado en su fomento, planeación, regulación, control y vigilancia, no es un aspecto puramente formal y accidental, por el contrario, se trata de un asunto sustancial, pues ese régimen especial es el reconocimiento de la realidad social, en la que los servicios públicos determinan la calidad de vida de las personas y el desarrollo colectivo de la sociedad.

Ahora, si bien el régimen especial previsto en la Constitución y la Ley, facilita la gestión empresarial de las entidades prestadoras y está orientado a permitirle a las entidades estales competir con los particulares en un escenario de igualdad, sin que unos u otros deben asumir cargas especiales que no les corresponde a los demás, ese no es núcleo esencial del régimen de los servicios públicos, pues de ser así, simplemente la constitución y la ley habrían eliminado el concepto de “servicio público” y habría establecido que se trata de actividades de interés general que se someten exclusivamente al derecho privado.

El reconocimiento de la existencia de un conjunto de actividades que se califican como servicio público, tiene como consecuencia que esas actividades no pueden someterse al mismo régimen ordinario de las actividades privadas, como tampoco el régimen de las funciones públicas estatales, sino a otro diferente caracterizado por el sentido social de la actividad que se desarrolla y su condición estratégica para la economía, pero especialmente el el desarrollo social.

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Le equidad y la solidaridad que son valores que inspiran toda la teoría del servicio público, se materializan en diferentes componentes en la prestación, en especial en las relaciones de las empresas con los usuarios, en las relaciones de las empresas con las personas que les prestan sus servicios, en el uso del medio ambiente o recursos naturales y finalmente en el tratamiento de sectores vulnerables y discriminados de la sociedad como es el caso de los recicladores.

A diferencia de las mercancías cuyo valor se expresa a través del precio, que es el mismo para todos los usuarios, los servicios públicos deben someterse a un régimen tarifario, en que debe tenerse en cuenta la capacidad de pago de las personas y el hecho de que con el pago de los mismos deben atenderse obligaciones de servicio universal, que garantizan que se facilite el acceso a la totalidad de los usuarios.

No obtente que es plausible que las tarifas de servicios públicos estén reglamentadas  por un régimen regulatorio orientado a mínimos costos, este objetivo no puede lograrse tomando como referencia el desconocimiento de los derecho individuales o colectivos que han logrado los trabajadores lo que se creta en que su trabajo se ejecute en condiciones dignas, el respeto por los derecho de los trabajadores, debe ser un común denominador en todas las empresas de servicios públicos no solo estatales, sino también en las mixtas o privadas.

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También es necesario que no se desconozca que con la prestación de servicios públicos se afectan los recursos naturales y el medio ambiente, de allí que es necesario que, con el fin de lograr desarrollo sostenible, las empresas del sector y en consecuencia los usuarios reconozcan un componente tarifario dirigido al pago de costos ambientales y la adopción de medidas de protección del medio ambiente.

En diferentes etapas de la prestación de los servicios las autoridades, las entidades prestadoras y los propios usuarios deben relacionarse con sectores vulnerables o discriminados de la sociedad, bien por los lugares donde habitan, por lo limitado de sus recursos o por las actividades que realizan como es el caso de los recicladores, en todos estos eventos es necesario, que con el fin de garantizar la igualdad material, se adopten medidas afirmativas y en particular se adelante acciones de discriminación positiva que permitan un  trato diferente para esas personas que tienen condiciones especiales.

Desconocer el carácter equitativo y solidario de los servicios públicos, es hacerle perder el sentido material a instituciones que han sido determinantes en el desarrollo de nuestra sociedad.