Gaviria solicitó a las instancias judiciales obligar al partido al cual pertenece a inscribirla en la lista de precandidatos y suspender la entrega de la lista por parte del liberalismo a la Registraduría hasta que no fuera fallada la tutela.
Por supuesta “falta de competencia” del juez a quien había sido asignada, regresó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca la acción de tutela que, el pasado 10 de octubre, interpuso ante esa misma instancia la senadora de la República Sofía Gaviria Correa.
La congresista acudió a este recurso jurídico en aras de proteger sus derechos a elegir y ser elegida, a la libertad de opinión, a la libre determinación y a la objeción de conciencia, como víctima de las Farc, entre otros.
Según la parlamentaria del Partido Liberal, toma esta decisión ante la exigencia que le hizo el director nacional de su partido, en la cual la instan, si desea ser inscrita como precandidata a la Presidencia de la República, a firmar un compromiso de apoyo sin condiciones a la implementación del acuerdo suscrito por el Gobierno Nacional y las Farc para terminar el conflicto armado. Además, apoyar cualquier otro acuerdo que se suscriba con otra organización guerrillera.
A través de este recurso jurídico, Gaviria solicitó a las instancias judiciales obligar al partido al cual pertenece a inscribirla en la lista de precandidatos y suspender la entrega de la lista por parte del liberalismo a la Registraduría hasta que no fuera fallada la tutela.
“Sin embargo, a pesar de que la tutela se radicó ante la instancia adecuada, se perdieron diez días. Inexplicablemente, hoy vuelve al inicio, cuando ya debería estar resuelta y deberían haber sido dictadas las medidas cautelares. Esto parece una misteriosa dilación”, manifestó la congresista.
Entretanto, el Partido Liberal no esperó el fallo e inscribió oficialmente para la consulta a sólo tres de los cinco precandidatos conocidos: Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo y Edinson Delgado.
En vista de esto, la senadora Gaviria radicó solicitud ante la Defensoría del Pueblo para que la acompañe, como responsable de la protección de sus derechos políticos fundamentales, ante el Consejo Nacional Electoral para que suspenda la consulta liberal hasta que se resuelva la tutela, y ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca "para que asuma el conocimiento definitivo de ésta y no se sigan vulnerando sus derechos".