Como se volvió costumbre, la primera respuesta frente a las denuncias de irregularidades en el Hospital La María fue acusar a la prensa de hacer un escándalo sin justificación, sin embargo, las revelaciones de cirugías estéticas a familiares del gerente y al propio contralor departamental, Sergio Zuluaga, hicieron insostenible en sus puestos al gerente William Marulanda Tobón y al Secretario de Salud, Héctor Jaime Garro, quien oficiaba como presidente de la junta directiva y fue conminado públicamente por el gobernador a explicar las presuntas irregularidades. Pero hoy los hallazgos de la Superintendencia de Salud dejan ver que lejos de ser casos aislados, esas cirugías eran apenas una parte del problema.
 
Cuando asumió como gerente del hospital, Alberto Aristizábal Ocampo anunció la suspensión de las cirugías estéticas, con el argumento de que “el ingreso por estas cirugías es poco representativo, menor al dos por ciento, y ese tipo de especialidad genera mucho ruido”. Lo que encontró la auditoría forense de la Superintendencia de Salud es que en 2016 en ese hospital público se hicieron 102 cirugías estéticas que no se cobraron. Es decir, que pagamos los contribuyentes. Y se hicieron, cómo no, en un centro asistencial que fue creado para atender a los más pobres del departamento en enfermedades tan alejadas de la estética como la tuberculosis.

Lo que reveló Eva Catherine Carrascal, la superintendente delegada para la supervisión institucional de la Supersalud, es que su equipo encontró 35 hallazgos graves. Tanto que se le impuso una sanción de casi 200 salarios mínimos a Marulanda Tobón porque no controló como debía los recursos públicos de la salud, pero además, como son muchas las irregularidades que podrían tener efectos disciplinarios, fiscales, administrativos y hasta penales, se dio traslado a la Procuraduría, a la Contraloría y a la Fiscalía, que ya adelanta sus propias pesquisas en el hospital. De modo que lo que pretendió callarse como una exageración de la prensa muestra cada vez más la dimensión de otro caso de corrupción. 

La Superintendencia de Salud ahora sabe, por ejemplo, que mientras el sistema de salud enfrentaba la peor crisis financiera de su historia, en el Hospital La María no solo se hacían operaciones estéticas a diestra y siniestra, sino que no había custodia alguna sobre los sistemas de información y la facturación era fácilmente alterada. Tanto, que la doctora Carrascal cree que 69.000 millones de pesos se manejaron de manera inadecuada y por lo menos 5.700 millones se desviaron. Además se suministraron medicamentos e insumos por más de 130 millones de pesos, que nunca se facturaron. Pero como si no fuera suficiente, se encontró alguna facturación por precios menores a los reales, facturación a nombre de personas muertas, tercerización laboral injustificada, alteración de estados financieros, alteración de documentos públicos, entre otra suerte de irregularidades.

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La auditoría se hizo sobre los datos de 2016, pero si se busca un período mayor podría encontrarse que el daño es más grave. Seguramente las investigaciones que se adelanten desde los otros organismos de control mostrarán el tamaño del problema. Por eso es preciso estar atentos para que una enfermedad terminal no se trate con remedios paliativos, sobre todo en un área que significa la vida o la muerte para la gente. Especialmente para los que menos tienen.

Es grande el reto que tiene hoy el hospital. Ni más ni menos que corregir el camino y recobrar la confianza para poder gestionar los recursos que recibe de la Gobernación, el Área Metropolitana y el propio Ministerio de Salud. Devolverle el sentido a una entidad pública cuya misión es salvar vidas y mejorar las condiciones de sus pacientes, con un estándar ético a toda prueba. Para ello, es casi seguro, hace falta una cirugía interna complicada, de la que aún no se sabe nada. Pero La María es un hospital público y en esa medida lo que pase con él nos incumbe a todos.