“Hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral” es el proyecto de decreto ley que el Ministerio de Agricultura enarbola como una “propuesta balanceada e integral que busca transformar el campo con base en tres aspectos: acceso a la tierra, seguridad jurídica y garantía de que la tierra se use para lo que es: para producir”, palabras de Miguel Samper, Director de la Agencia Nacional de Tierras, a Yamid Amat, El Tiempo, 30 de abril. Sus metas son ambiciosas: entre otras, formalizar 7 millones de hectáreas en cabeza de quienes las están trabajando y que en 10 años no haya un solo campesino informal (El 60% de la tierra cultivable del país se encuentra informal y 800.000 hogares campesinos no tienen tierra, el 53% de las personas dedicadas a labores agropecuarias). Es lógico presumir que el proyecto pretende desarrollar el primer punto de la agenda acordada entre el Gobierno y las Farc.

La reacción de los distintos sectores ha sido radical, hasta risible: desde la derecha y la izquierda bombardean el proyecto con un cruce de argumentos. Para unos, es la venezuelanización del campo colombiano por supuestamente afectar la propiedad privada a pesar de que lo que busca es incrementar la misma en un medio donde el 1% de los propietarios es dueño del 50% de la tierra que hay en el país. La concentración de la tierra es ignominiosa. Para otros, los que tienden hacia la izquierda extrema, el proyecto no es confiable porque viola el texto de los acuerdos y en lugar de privilegiar al pequeño propietario rural, favorecería al grande. Hasta el punto que el movimiento político Marcha Patriótica, muy cercano ideológicamente a estos sectores, orientó la asistencia de sus miembros a las sesiones de discusión abiertas del proyecto, no a aportar, sino a sabotear con su retiro masivo en medio de las jornadas. La derecha califica al proyecto de ser de izquierda y esta lo acusa de ser de derecha.

Porque los extremos políticos se dedicaron al raponeo de los argumentos para atacar el proyecto, es interesante, vale la pena.

La academia hizo su labor.  Mediante el “Concepto de la mesa de expertos académicos sobre el Proyecto de ley para el ordenamiento social de la propiedad rural” de las universidades los Andes, Eafit y Externado de Colombia, los expertos no aconsejan desechar el proyecto, que consideran pertinente, pero sí hacerle ajustes en aras de facilitar su implementación y tramite. El objetivo de las recomendaciones es “proveer insumos para que el Gobierno Nacional mejore el diseño y aplicación de una nueva ley que propenda por un desarrollo rural sostenible pensando en el territorio”. Fueron 17 acuerdos los obtenidos por los investigadores. El primero fue la “Delimitación del alcance de la ley a lo acordado en la Mesa de La Habana y al Acuerdo Final suscrito por el Gobierno y las Farc en el Teatro Colón en noviembre de 2016. Es necesario que la ley restrinja su alcance a la implementación de los acuerdos de paz con las Farc. La propuesta de ley actual excede la materia del contenido del acuerdo y, por ende, la conexidad y necesidad estricta requeridos en sentencia constitucional”. O sea que en lugar de quedar corto el proyecto respecto a los acuerdos gobierno-Farc, como cuestiona un sector de la izquierda, se le fue la mano a su proponente.

Para atender la observación válida de que además de atender el problema del reparto y formalización de la tierra, hay que introducir criterios como el de productividad y sostenibilidad, las Universidades sugieren adoptar de manera explícita el concepto de desarrollo rural con enfoque territorial, que implica estimular la participación social y la provisión de bienes públicos como infraestructura, educación, salud, servicios públicos, asistencia técnica, en el campo colombiano. Y para tranquilidad de los empresarios y grandes poseedores del campo, la academia sugiere “eliminar la figura de expropiación de dominio para garantizar los acuerdos de paz. Se debe eliminar esta figura. Es una figura muy amplia que se presta a muchas interpretaciones, que otorgaría un poder excesivo a la Agencia Nacional de Tierras y que lesionaría la seguridad jurídica de la propiedad. No es necesario incluir las causales de expropiación de dominio. Estas figuras están regladas en la Constitución y otras leyes.” El Gobierno Nacional ha mostrado receptividad a tales sugerencias o requerimientos, inicialmente formulados por los gremios en este tema. Por algo al frente del Ministerio está un miembro de una de las familias más concentradora de tierras en el país.