En algunas regiones de Colombia se promovieron procesos institucionales, sociales y territoriales, conjugados con acciones de la fuerza pública, que propiciaron fenómenos de posconflicto previos a los acuerdos de paz hoy vigentes. Los más notorios y exitosos se han desarrollado en Antioquia, aunque permanecen subvalorados en el contexto nacional.

Un caso concreto: en el Oriente antioqueño, entre el final y el comienzo de siglo, se intensificó dramáticamente el conflicto armado con tomas guerrilleras, accionar de grupos paramilitares, retenes viales, desplazamientos forzados, desapariciones, secuestros masivos a los que no escaparon algunas autoridades, campos minados y dominio de grupos armados, con la consiguiente penetración económica y política en los territorios.

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En este escenario regional surge el nombre de Guillermo Gaviria Correa, primero como candidato y luego como gobernador. Este carismático líder no esperó resultados y efectos de la seguridad democrática: se empeñó, tozudo, en apoyar las iniciativas que partían de la comunidad, de los alcaldes de la región, de las ONG y de sectores de la Iglesia que pretendían atenuar la conflagración social y aclimatar acciones humanitarias para salvar las vidas de ciudadanos inocentes, funcionarios e integrantes de la fuerza pública y la guerrilla.

En todos los municipios se instalaron Asambleas Constituyentes y organizaciones de víctimas, hubo marchas por la vida y contra las acciones de los grupos ilegales, se trabajó con entusiasmo en un Plan Congruente de Paz, se impulsó una pedagogía de la noviolencia y un Laboratorio de Paz en el Oriente antioqueño. Con estos y otros escenarios, las comunidades enfrentaron el conflicto armado; combinaron los acuerdos humanitarios con el quehacer de la fuerza pública, y así el territorio pudo alcanzar inéditos niveles de paz y de movilización ciudadana.

Cuando se perfeccionaron las negociaciones de La Habana, el Oriente antioqueño tenía un largo camino recorrido hacía el posconflicto; los esfuerzos de la integración autoridades - comunidad están a la vista. Igual sucedió en el municipio de Tarso: con su Asamblea Constituyente logró enfrentar a los ilegales y darle trascendencia a la participación comunitaria.

También en la subregión de Urabá, donde autoridades y comunidad han superado situaciones cruentas de vieja data. Se respira otro ambiente, a pesar de la presencia del narcotráfico y de bandas a su servicio, sin que desaparezcan las consecuencias de la violencia, mientras que miles de víctimas esperan reparación, verdad y usufructo de caminos ciertos de reconciliación y posconflicto.

Así que en muchas regiones, aún del Valle de Aburrá, se prefiguró el posconflicto. Pero estas todavía no perciben sus beneficios. ¿Por qué hay exclusiones en la implementación de los acuerdos? Si hubo marchitamiento de las guerrillas o los paramilitares fue producto, principalmente, de los procesos descritos, que maduraron y dieron resultados, ¿por qué no se siente hoy el impacto de la construcción de paz y se desconoce el protagonismo ejercido, en especial de los grupos de víctimas?

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Valdría la pena establecer estos balances territoriales para que quede claro que no todo fue fruto de la llamada seguridad democrática, y que un adalid de estas luchas fue Guillermo Gaviria Correa. Pero algunos se apoyan en su legado de liberal y de luchador de la noviolencia, que defendió hasta el sacrificio, para tergiversar sus postulados. Es hora de retomar sus banderas e impedir que en su nombre, y en el de las víctimas que lo acompañaron, se siga pisoteando su construcción colectiva y humanitaria.