Los voceros de las Farc reclaman reconocimiento de la ciudadanía por su cumplimiento en el proceso de dejación de armas, cuya fecha final ya tiene una primera postergación. Fundamentan la exigencia en haber dejado, en los contenedores de la ONU, 2.230 armas, cantidad que declaran como el 30% de las que van a entregar. Con estas cifras no es posible ofrecer el aplauso solicitado a la opinión.

Dicen los voceros de la guerrilla, y los verificadores, que las armas ya depositadas son el 30% de las que dejarán. Quiere decir, entonces, que están listos a entregar cerca de 7.500 armas. Tal cantidad coincide con las que los guerrilleros trasladados llevaron, y registraron, a las Zvtn. La coincidencia no es para aplausos y sí lo es para intranquilizarse, pues genera interrogantes sobre el destino que pretenden para las armas que están en manos de los llamados “milicianos” y el que aspiran para las que se encuentran en más de 900 caletas cuya existencia tuvo que ser reconocida por alias timochenko, aceptación que ocurrió sólo cuando el Ejército empezó a encontrar sus depósitos no declarados de importantes materiales de guerra.

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La dejación de todas las armas en manos de la ONU y su posterior fundición para que sean inutilizadas es un compromiso de las Farc que la sociedad debe reclamar que sea inamovible, como prueba de su decisión de nunca más recurrir a la violencia armada. Sin el cabal cumplimiento de este requisito no es posible abrir las puertas a su ingreso a la Justicia Especial para la Paz y a que el Estado garantice la existencia de su partido político no armado.

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La veracidad de la dejación de las armas que los guerrilleros llevaron a las Zvtn, las que están en las más de 900 caletas aceptadas por los jefes de las Farc y las que permanecen en manos del incierto número de milicianos no desmovilizados, compromete la confianza de la ciudadanía en los acuerdos y en la independencia del verificador principal, la ONU.