La semana pasada apareció una noticia que, pese al fondo y las consecuencias que puede llegar a tener, ha pasado casi inadvertida o por lo menos ni medios ni observadores del acontecer político le han dado la importancia que merece.

Se trata de la decisión anunciada por el Consejo Nacional Electoral, que adelanta la investigación hace meses, de aplicar sanciones a aquellas colectividades que en las pasadas elecciones regionales del 2015 inscribieron candidatos que estaban inhabilitados por diferentes circunstancias.

Las sanciones que ya comenzaron a aplicarse, inicialmente al partido Alianza Verde, la Unión Patriótica y el movimiento denominado Mais, pueden ser, entre otras, la suspensión de la personería jurídica o inclusive su cancelación definitiva, la supresión de espacios en radio y televisión y multas en dinero efectivo.

Pero la más grave de ellas y que tiene en ascuas a muchísimos personajes que se dedican a la política y entienden su ejercicio y aplicación como la mejor manera de enriquecerse, es la prohibición para inscribir nuevamente candidatos para las próximas elecciones del 2018.

Por eso en las toldas de los demás partidos y grupos –y de ahí el título de la columna- sus orientadores deben estar en estos momentos, acordes con la sentencia popular, reflexionando: “si por allá llueve por aquí no escampa”, conscientes como son de las irregularidades cometidas con sus inscripciones en la pasada confrontación.

De acuerdo con lo que ha trascendido hasta el momento, ninguna agrupación es ajena a esta violación que por primera vez en la historia del país podría acarrear ejemplarizantes sanciones para quienes a lo largo de los años han manejado la actividad política con ligereza e irresponsabilidad.

El partido de la U con 123 inhabilitados encabeza la nada enaltecedora lista, seguido por la Alianza Verde con 115; Opción Ciudadana con 114; el Centro Democrático con 109; Cambio radical con 90; el conservatismo con igual número y el liberalismo con 78.

En total en el pasado debate comicial fueron a las urnas en situación irregular, un total de 1.011 aspirantes a las corporaciones públicas regionales, muchos de los cuales fueron elegidos y ahora muy orondos ejercen sus funciones sin problema ni reato alguno, en un claro engaño a los ciudadanos y a lo que aquí con tanto bombo se denomina democracia.

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega, al dar a conocer las primeras sanciones anticipó que “todos los partidos están incursos en la inscripción de candidatos inhabilitados”, y prometió que antes de terminar el primer semestre se conocerá el resultado de la minuciosa investigación que adelanta ese organismo.

Ante el panorama descrito y dada la entidad del Consejo y lo anunciado por su presidente, solo queda esperar que esto no sea nada más que un afán de vitrina o de publicidad, y que como ocurre con casi todo en Colombia, al final esto se convierta en “víspera de mucho y día de nada”, es decir, limitado apenas a las sanciones ya anunciadas contra Alianza Verde, la Unión Patriótica y el Mais y todo lo demás quede impune.

Como Colombia no es propiamente modelo de justicia ejemplar y cuando se trata de quebrantar la ley todos se acomodan y tapan con la misma cobija, es previsible que, como se teme en el caso de Odebrecht, en forma subrepticia se esté maquinando algún mecanismo para que al final de cuentas no pase nada con este escándalo electoral.

Twitercito: Según el poeta italiano, Arturo Graf, “nadie puede adoptar la política como profesión y seguir siendo honrado”.