A conciliación pasó el proyecto de acto legislativo que convierte el acuerdo de paz, suscrito entre el Gobierno Nacional y las Farc, en norma de carácter constitucional con vigencia durante los próximos tres períodos presidenciales.

Fundamentalmente, esta iniciativa integra a la Constitución aquellos contenidos del acuerdo final con las Farc que “correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores”.

Esto significa que el acuerdo, que fue votado negativamente en el plebiscito y refrendado en el Congreso, adquiere categoría de norma constitucional, o sea de guía para decisiones e interpretaciones que adopten distintas instancias del Estado.

El proyecto de acto legislativo fue votado esta noche por la Plenaria del Senado. Afirmativamente se pronunciaron 54 senadores, o sea apenas apenas dos por encima de la mitad de los votos afirmativos que el Gobierno necesitaba para sacarla adelante. Ocho senadores, entre quienes se cuenta la exfiscal Viviane Morales, votaron negativamente.

La abstención, o sea los senadores que dejaron de votar, llegó al 40%.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo Bustos, proponente de la iniciativa, la ha defendido como mecanismo que desarrolla “el derecho a la paz” dándole estabilidad jurídica al documento firmado en Bogotá el 26 de noviembre de 2016, entre el Gobierno Nacional y las Farc.

Quienes han respaldado la iniciativa destacan que su aprobación permite que ningún gobierno futuro pueda modificar tales acuerdos, transformando las garantías ofrecidas a los negociadores y poniendo en riesgo lo decidido. Esta, por ejemplo, es la perspectiva de DeJusticia, cuyos investigadores señalan que “el proyecto de reforma constitucional es necesario y conveniente, para la estabilidad y sostenibilidad del proceso de paz” agregando que “es razonable, pues respeta la supremacía constitucional”.

Su convicción no es compartida por congresistas que votaron negativamente, quienes han señalado que “todas las normas, todas las instituciones, todas las políticas públicas del país” quedarán sometidas a la supremacía constitucional que acaban de recibir los acuerdos.

Tras la conciliación de comisiones de Senado y Cámara, que se prevé ocurra la próxima semana, el proyecto deberá ser revisado por la Corte Constitucional, organismo que ha emitido jurisprudencia diferenciando las garantías a los derechos fundamentales, a que hace referencia esta norma, y los derechos constitucionales.