Que el sector minero haya crecido durante 2016 un 4,7% pese a las amenazas que enfrenta ese renglón de la economía, tales como la inseguridad jurídica y la percepción negativa generalizada sobre su labor, hace pensar a esa industria que la llamada locomotora minera ha vuelto a tomar los rieles, pues la cifra corresponde a la segunda mayor después del sector financiero en un año en el que la economía en general apenas creció 2% y en el que el sector de hidrocarburos tuvo una contracción de 11.1%.

Con esta realidad de fondo se instaló este jueves en el Hotel Hilton de Cartagena el tercer Congreso Nacional de Minería, espacio de discusión en el que, además de los empresarios, se dan cita también la academia, el Gobierno y la rama legislativa para debatir el presente y el futuro de una industria que, además, creció un 8% sus exportaciones el año anterior, cuando, en general, las mismas cayeron un 13% en Colombia.

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Aunque la extracción ilegal de minerales y el cambiante entorno legal para los inversionistas son los temas centrales de debate que se extenderá hasta este viernes, la cumbre del sector también abordará la propuesta de reforma al régimen de regalías, la visión ambiental de la minería, las perspectivas del desarrollo minero en Colombia y los retos de la competitividad minera, todo esto enmarcado en la implementación de los acuerdos de La Habana, específicamente el punto 1 de Reforma Rural Integral que, según el ministro del ramo, Germán Arce Zapata, “no solo es agrícola” sino que “pasa por tener reglas claras sobre cómo definir el modelo de desarrollo territorial”, pues la minería es capaz de “convivir con otras actividades económicas”.

“Tenemos la oportunidad de volver a encarrilar la locomotora minera, generar las condiciones de competitividad, las reglas de juego claras que nos permitan seguir contribuyéndole al país en este momento de posconflicto”, dijo, por su parte, Roberto Junguito, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Minería y presidente de Cerrejón.

Fast Track, una oportunidad
El presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Santiago Ángel Urdinola, señaló que el mecanismo extraordinario para la implementación de los acuerdos de paz puede constituir una herramienta para generar oportunidades para la minería, pues a través de este mecanismo se podrían despejar muchas de las dudas que han dejado los frecuentes fallos de la Corte Constitucional que han llevado a transformar el entorno jurídico de la actividad.

Ángel Urdinola recordó que la Corte ha fallado numerosas acciones de tutela en contra de la industria lo cual “ha dificultado la inversión”.

“La mitad de las normas mineras han sido declaradas inconstitucionales, no solo del Código de Minas sino los artículos del Plan de Desarrollo que tocaban con minería”, explicó y añadió que, por cuenta de algunos de esos fallos, “los abogados mineros se han especializado en ordenamiento territorial porque día a día nos sentimos amenazados por consultas populares”. 

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De hecho, explicó, en la actualidad hay 39 municipios preparando consultas populares, situación que necesita una solución desde los Planes de Ordenamiento Territorial. “Hay que discutir el componente minero de los POT; el 90% de los municipios no tienen el componente minero considerado”, enfatizó.

Ángel Urdinola lamentó que en “la era de la desinformación no se reconoce el aporte que la minería le hace al país” sino que se sigue pensando que esta actividad es la mayor contaminante y la mayor amenaza para el agua.

En ese sentido, se mostró deseoso de que antes del 20 de junio se debata la ley para imponer sanciones drásticas a las personas que practiquen la extracción ilegal de minerales.
“No es justo que el 30% del país este contaminado con este cáncer. Es una tarea que no podemos dejar pasar”, dijo.

Finalmente, se mostró de acuerdo con que se judicialice “toda protestas social que venga con violencia” pues, según dijo, un billón de pesos le han costado a la industria minera los bloqueos a la actividad en distintos puntos del país.

La Corte Constitucional está legislando
El ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, señaló en su intervención, durante la instalación del Congreso Nacional de Minería, que las decisiones de la Corte que declararon inexequibles varios artículos del Código de Minas, “nos dejaron en un escenario más grave: hay muchas normas y no sabemos cuál es la regla. Llenamos vacíos legales a punta de decretos”.
El titular de la cartera de Minas añadió que muchos de los problemas actuales del sector, en términos de regulación, vienen de “no haber reglado la Constitución de 1991; hubo principios que durante 25 años se dejaron abiertos a la interpretación. Los vientos cambiaron de curso y las interpretaciones  también”.

Y añadió: “La Corte está rompiendo una regla de oro al legislar. La Corte está legislando y las leyes se hacen en el congreso”.

Arce Zapata recordó que el sector minero y el Gobierno están trabajando en un proyecto de ley para resolver las diferencias entre la capacidad del Estado de administrar el recurso natural y la competencia de las entidades territoriales.

“Seis mil personas no pueden decidir sobre 50 millones, esa es la propuesta del proyecto que estamos trabajando y está incluido en el parque de implementación de los acuerdos, pues hace parte del punto 1 del acuerdo de desarrollo rural integral”.

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Respecto a las consultas populares, Arce Zapata recordó que las mismas no se han convocado solo contra la actividad minera sino también contra proyectos de infraestructura.

“Las consultas son instrumentos de participación ciudadana, legítimas, legales, donde las comunidades, dentro del marco de la ley, se pueden pronunciar sobre aspectos locales de su actividad; pero la discusión que nosotros estamos dando es un poco más grande, y es que tenemos un recurso que es para el uso de todos los colombianos y necesitamos entender cuál es el alcance de esas manifestaciones locales versus los intereses de 50 millones de colombianos cuyos derechos están fundamentados en esa actividad”, explicó.

Separar la Minería de la práctica ilegal
Para el ministro Germán Arce, el problema de la percepción negativa de la actividad radica en que no hay una separación clara, tal vez por desconocimiento, de la extracción ilegal y de la industria minera.

La llamada minería ilegal “no paga impuestos, no paga regalías, no pide permiso, no llena un formulario, no va a la Dian, no va a la autoridad ambiental. Por eso es tan importante poder separar esas dos actividades”.

“Nosotros tenemos aprobadas actividades que se hacen con un título minero, con un permiso ambiental; si una compañía con un título minero no accede a una licencia ambiental no puede explotar el recurso. Punto. La única manera de hacerlo es cumpliendo con esos requisitos de ley”, añadió el ministro y enfatizó en que “el problema grande es que si no le damos paso a los actores legales, con el conocimiento de que el recurso está ahí, los actores ilegales van a hacer su agosto como lo están haciendo en algunas regiones del país y ese es un problema delictivo que hay que atacar con fiscalía y con presencia dela fuerza pública”.

En este sentido, explicó que el proyecto de ley que cursa en el Congreso crea un tipo penal que tipifica toda la cadena de actividades delictivas: “Hoy día esos son delitos ambientales, excarcelables, entonces cogen un tipo con una draga y se lo llevan un fin de semana a darle de comer en la estación de Policía, pero no es un  tipo penal. Entonces toca arrancar por definir el tipo penal para poderlo atacar, para que se pueda judicializar, para que podamos combatir de frente esta actividad”.

Finalmente indicó que las autoridades locales “deberían estar levantando las alertas de cómo llegan las dragas que nos estamos encontrando en la mitad de las selvas del Chocó o de Nariño de Cauca” y no “hacerse los de la vista gorda.