Samuel Moreno, exacalde de Bogotá, presentó una demanda de nulidad y restablecimiento de derechos ante el Consejo de Estado con la que pretende tumbar el fallo de la Procuraduría General que lo destituyó e inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos, por el escándalo que rodeó la cesión del contrato de la calle 26, uno de los contratos de la Fase III de Transmilenio, del Grupo Nule, que se entregó a la empresa Conalvías S.A.

De acuerdo con medios nacionales, la demanda presentada por Moreno argumenta que la Sala Disciplinaria de la Procuraduría, valoró de manera indebida las pruebas existentes, precisando que no existe un testimonio que vincule al exfuncionario de manera directa con las irregularidades en el carrusel de la contratación. Además, considera que la cesión del contrato 137 fue ordenado por la entonces directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Liliana Pardo Gaona, después de reunirse con directivas de Transmilenio, asesores de la entidad que consideraron que los Nule estaban incumpliendo los términos exigidos para el inicio de la obra, además de los sobrecostos que se estaban presentando.

A la par, en la acción jurídica también se planteó que el procurador dejó vencer los términos para imponer una sanción y que la decisión se dio cuando el proceso ya había prescrito.

“Está probado de manera suficiente y concreta que Samuel Moreno fue quien hizo nacer la idea de la transgresión de la ley tanto en Liliana Pardo como en Néstor Eugenio Ramírez (ambos, directores del IDU), por lo que actuó como determinador” (del delito), señaló el fallo de la Procuraduría de agosto del 2015 que destituyó a Moreno.

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De acuerdo con la información, la demanda ya está en el despacho del magistrado William Hernández Gómez. Además, en este caso también se encuentra pendiente el decisión del Consejo sobre otra demanda que busca tumbar un primer fallo de inhabilitación por doce meses impuesto por la Procuraduría que recae sobre Moreno.

Sin embargo, aunque el Consejo de Estado accediera a tumbar el fallo, el exalcalde no podría volver a ejercer cargos públicos, ya que la condena interpuesta por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá a 24 años de prisión por su responsabilidad en las irregularidades que rodearon la celebración del contrato para la prestación del servicio de ambulancias en Bogotá, que tuvo un valor superior a los $69.000 millones, lo inhabilitó de por vida para ocupar ese tipo de cargos.