Reducir la salud a una cuestión de conflictos de intereses de inmensos poderes económicos ha sido cuestionado desde hace varios años y desde varios frentes. La autora Marcela Vélez (La salud en Colombia) ha resumido algunos de los hechos: alto gasto en salud, crisis de hospitales y clínicas, enriquecimiento de los intermediarios financieros y aseguradores, aumento del poder de fuertes grupos de interés. Son algunos de los hechos ciertos que giran en torno a un panorama en el que las evidencias indican la necesidad de un cambio estructural.

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También tienen su papel los medios de comunicación: la revista Dinero (#525), en unos recientes  comentarios de un funcionario sale con algo que viene a añadir confusión: dice el superintendente de Salud: “…las clínicas y hospitales son los grandes favorecidos del régimen en los últimos años”; añade que “su panorama es bastante alentador” y que el 82 % de las entidades generaron utilidades por 2.7 billones durante 2016. El medio citado afirma que estos optimistas datos de la Supersalud se basan en información de 6.041 IPS privadas y públicas de Colombia. El lector, habituado a las quejas que durante años se formulan sobre el funcionamiento real del sistema, queda por lo menos sorprendido y desorientado. El superintendente se refiere a parte de la realidad, tal vez en temas de contabilidad. Pero omite referirse a la crítica cuestión de la deuda con que las EPS asfixian el funcionamiento de las IPS. No menciona el conocido hecho de su deficitario flujo de caja, del tiempo de mora y de las consecuencias de las liquidaciones y re-estructuraciones de los intermediarios financieros.

Un  sofisma es lo que se afirma con apariencia de verdad, pero concebido para confundir al interlocutor. Afirmar con datos parciales cuestiones sobre la realidad, conduce también a la desorientación. Si las cifras del ente de vigilancia muestran este escenario tan brillante, ¿quién entiende la simultánea realidad de la crisis del sistema, vivida en primer lugar por los pacientes y por las instituciones de servicios sanitarios que existen precariamente o que cierran? ¿Cómo se explica que en la nota de la revista Dinero no se mencione la situación del deficitario flujo de caja que viven las entidades prestadoras de servicios en salud en nuestro país? ¿Es lícito presentar a la opinión pública datos parciales como si ellos describieran la realidad? ¿A cuánto asciende el monto de la cartera morosa de los  instituciones, hospitales y clínicas de Colombia, que por norma tienen que atender a los pacientes, pero cuyos pagos son retrasados por las EPS –administradoras del dinero que a ellas han trasladado los colombianos- en el momento de presentar sus cuentas de cobro? Esta pregunta, repetida por los medios de comunicación y por las entidades que tratan de mantener con vida y en condiciones de operación sus servicios, es ignorada por el funcionario.  Esta omisión, ¿es un olvido? ¿O es parte del interés del ente oficial como protector de una de las partes, no de los colombianos  cobijados por el sistema sanitario?

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Algún día el  lector de los medios de comunicación de Colombia, incluido uno como “Dinero” llegará a tener confianza en ellos como fuente veraz y transparente: pero ése día aún no ha llegado. Hay razones para cuestionar la validez, la forma de la presentación y el enfoque de las cuestiones de interés público en temas sanitarios. “Dinero” no ha presentado las cosas ecuánimemente; podemos seguir a la espera de que las realidades se muestren de manera honesta por parte de quien informa, pues esto afecta en materia grave el día a día de todos los ciudadanos.