El juez Arnaldo Sánchez declaró este lunes improcedente el recurso de hábeas corpus presentado a favor del expresidente peruano Alberto Fujimori para lograr su excarcelación, al considerar que no se han vulnerado sus derechos en el proceso que lo condenó a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.

El magistrado del 43 Juzgado Penal para Procesos de Reos Libres de la Corte Superior de Lima consideró que no se ha vulnerado derecho alguno de Fujimori, referido al derecho a la libertad y conexos, derecho a la imputación necesaria, debida motivación de resoluciones judiciales e interdicción a la arbitrariedad.

Todo lo referido permite determinar que en el proceso no se acreditó la vulneración de los derechos invocados en la demanda, indicó el magistrado.

La hija mayor del exmandatario, Keiko Fujimori, presentó el hábeas corpus el viernes pasado contra los magistrados de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia y de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema por presuntamente haber violentado sus derechos constitucionales.

De acuerdo a la demanda, los magistrados, con conducta arbitraria y poco diligente, emitieron irregularmente las sentencias condenatorias contra Fujimori en 2009.

El exfiscal Avelino Guillén, quien tuvo a su cargo la acusación contra el exmandatario en 2009, dijo que el recurso presentado por la exlegisladora no tenía una argumentación suficiente y que tampoco prosperaría si lo presenta al Tribunal Constitucional.

El excandidata presidencial dijo, el viernes pasado, que abrigaba la esperanza de que se haría justicia con su padre, al dar inicio “a un nuevo camino para la libertad” de Alberto Fujimori.

Keiko Fujimori agradeció “a todas las personas que desde hace varios meses se han sumado a la construcción de esta ruta”.

Alberto Fujimori, de 78 años, ya intentó anular la sentencia el año pasado con otro hábeas corpus en el que aducía falta de garantías al debido proceso, en el que acusaba al magistrado César San Martín de haber vulnerado el principio de imparcialidad por consultar a juristas mediante correos electrónicos antes de condenarlo.

Sin embargo, el recurso del expresidente fue declarado infundado, tanto por la Corte Suprema como luego por el Tribunal Constitucional.

El nuevo recurso se presentó en pleno debate suscitado en la opinión pública sobre la conveniencia de que Fujimori sea indultado, un beneficio extraordinario que sólo puede otorgar el actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski.

La líder de Fuerza Popular explicó que no usará el poder político para favorecer a familiares, y por esa circunstancia su partido hizo que, con sus votos en contra, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de Perú archivara un proyecto de ley para otorgar prisión domiciliaria a presos mayores de 75 años.

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, María Soledad Pérez Tello, explicó en abril que Fujimori no reúne las condiciones para un indulto humanitario porque no tiene una enfermedad terminal ni otra que se agrave por sus condiciones carcelarias.

Fujimori es el único recluso de una prisión construida expresamente para albergarlo, y cuenta con asistencia médica permanente, pero periódicamente es trasladado de clínicas para una atención más especializada.

Esos problemas médicos le llevaron a presentar hasta ahora dos solicitudes de indulto humanitario, la primera rechazada en 2013 por el entonces presidente Ollanta Humala, y la segunda el año pasado, cuyo trámite abandonó cuando Kuczynski anunció que no tenía intención de indultarlo.

Fujimori fue condenado en 2009 como autor mediato (con dominio del hecho) de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde murieron 25 personas a manos del grupo militar encubierto Colina, y por los secuestros del empresario Samuel Dyer y del periodista Gustavo Gorriti, después del autogolpe de Estado que dio el 5 de abril de 1992.