Aquello de que hay que rodear las instituciones, puede llegar a constituirse en una frase de cajón con muy poco sentido. En la guerra que vive la ciudad, una guerra entre hermanos que no debe ocurrir, como cuando el país entero sufría el conflicto generalizado de la lucha por el control del narcotráfico, las soluciones no pueden ser las confrontaciones entre la policía y el ejército, cuyos efectivos son pueblo, contra los alzados, que también son pueblo. La venganza oficial contra los actos delictivos tiene que alcanzar no solo a los que atentan contra la ciudadanía y su derecho a la paz, hay que establecer causas y causantes.

Lo que estamos viviendo en Colombia es un ejemplo patente de lo que no se debe hacer en materia de construcción de paz. Aparentemente la guerrilla estaba aniquilada después de ocho años de cacareada persecución en la que hubo menos insurgentes dados de baja o arrepentidos de lo que el Gobierno decía. Y una vez cesada la fuerza, los capos guerrilleros aparecieron más poderosos, dueños de una fortuna inconmensurable, equiparados al Estado para negociar y de nuevo dueños de sus territorios que nunca abandonaron, porque el negocio no era precisamente la lucha por el poder político en pro del bienestar de los colombianos.

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El conflicto colombiano es meramente una sangrienta competencia por el control de la producción de materiales, insumos y comercio de droga entre paracos y guerrilleros, que hace mucho tiempo erradicaron de su hacer la lucha política puesto que no tienen ojos sino para su propio negocio, por lo que son capaces de arrasar con la soberanía nacional, si con ello alcanzan sus propósitos. Los negocios de unos y otros son similares y detrás de unos y otros debe haber poderosos que los protegen porque derivan algún beneficio.

Esta situación es lo que se materializa en las barriadas de las ciudades. Hay que atender mucho más las comunidades tratando de entenderlas y minimizando sus carencias. A una madre de la comuna trece de Medellín le debe complacer más ver a sus hijos insertados a la legalidad con empleo y seguridad social, que perseguido por las fuerzas del Estado. La marginalidad se combate con presencia oficial en materia de inclusión, equidad y generación de oportunidades. Por eso era tan grato y frecuente ver al anterior alcalde con sus familia y colaboradores entrar a las casas de esa comuna. Él estuvo al frente de una administración preocupada por su gente, que continuó con obras que beneficiaron el sector.

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Los informes de prensa dan fe del cese de las hostilidades en la comuna trece. Es un buen momento para retomar los programas de reivindicación de sus habitantes. Las instituciones son instrumentos creados para el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades de generar bienestar para los ciudadanos, y aunque la fuerza pública está ideada para proteger la soberanía y los derechos de los colombianos, no son el camino para la plena consecución de la paz. Si a un hombre se le cambia un arma por un medio de subsistencia legal, seguramente abandonará el camino del delito.