La informalidad de la promesa del presidente de que no permitirá publicar el mapa del Chocó anunciado por el Igac se compara con la etérea oferta a los chocoanos de darles la propiedad de Belén de Bajirá, hecha por un funcionario del Ministerio del Interior. Ambas son inciertas, carentes de legalidad y atizadoras de un conflicto entre departamentos hermanos.

La última promesa del doctor Santos fue su respuesta a una demanda del gobernador Luis Pérez tras la noticia del Igac sobre la publicación de un nuevo mapa de Chocó. Anuncio, por lo demás, irregular, en tanto fue pre-notificado por Fredy Lloreda, consejero “para la gobernabilidad del Chocó” (¡!), quien declaró a los medios que para zanjar el diferendo sólo faltaba “publicar el mapa del Chocó y hacer amojonamiento en terreno”. Posteriormente, la Oficina de Prensa del Igac emitió un comunicado -del que guardamos la copia digital que nos fue enviada- en el que anuncia la publicación del mapa del Chocó incluyendo “el municipio de Belén de Bajirá”. Unas horas más tarde, corrigió el error de la proclamación del inexistente municipio, pero ratificó la decisión de publicar el mapa aduciendo la inexistencia de un conflicto (ver en https://goo.gl/WUzw09) y, consecuentemente, la necesidad de cumplir con el cuidadoso proceso de deslinde que exige la ley.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi ha sido un orgullo de Colombia. Heredero del gran geógrafo e ingeniero italiano que le legó su nombre y buen criterio gozaba de reputación como centro de estudios técnicos e imparcial “notario” -en tanto anota sin tergiversar- de la cartografía nacional. Con sus actuaciones en el conflicto producto de la pretensión de alguna dirigencia chocoana por apoderarse del territorio de Bajirá, la entidad incurre en decisiones políticas que desdicen de su objetividad y, más allá, de su sujeción a la institucionalidad y legalidad.  Y es que en contravía de su pretensión de declarar la inexistencia de tal conflicto, este fue reconocido por el Consejo de Estado, en la sentencia de noviembre de 2007 en que el magistrado Marco A. Velilla declaró nula la ordenanza de la Asamblea del Chocó que creaba ese municipio, al tiempo que ratificó la existencia del diferendo, declarando que “tan cierto es que en este caso lo que está de por medio es un conflicto limítrofe, que el mismo ya está siendo objeto de trámite ante la instancia que constitucionalmente corresponde”. La instancia es el Congreso.

La decisión del Igac es posterior a una declaración del Ministerio del Interior, instancia que tiene un compromiso político particular y cuyo titular no ha negado aspiraciones electorales, en rechazo a la solicitud del Congreso para que sea la comunidad de Belén de Bajirá la que, en consulta popular, determine el departamento al que quiere seguir adscrita. Tal solución fue propuesta en sesión del 14 de diciembre pasado en el que la Corporación rechazó un informe en que el Igac desconoció antecedentes históricos e hitos geográficos sólidos, buscando así allanar el camino a la pretensión de dirigentes chocoanos de incorporar este territorio a su departamento. Tal aspiración, sin embargo, no se ha traducido en inversiones y gestiones como las de Antioquia, que avanza en proyectos con valor cercano a $30.000 millones, en los campos de salud, educación, infraestructura, saneamiento básico y equidad de género.

Su comportamiento desconocedor de la autoridad que la Constitución y la Ley dan al Congreso para que dirima las diferencias de límites entre departamentos y su afán de negar la trascendental sentencia del 22 de noviembre de 2007 son señales de la pérdida de respeto del Gobierno Nacional a un Congreso abajado a la categoría de firmón de las pretensiones del Ejecutivo, así como a las altas cortes de justicia que siguen perdiendo independencia para defender el supremo interés de la Nación, representado en su Carta Política.

En el conflicto por Belén de Bajirá tenemos razones de adscripción histórica e identitaria para ratificarnos en defensa de su calidad de corregimiento del municipio antioqueño de Mutatá. Tales motivos, sin embargo, no son más poderosos que los superiores que nos han motivado durante estos años a reclamar acciones prudentes y pervivencia del diálogo, a fin de construir una solución que mantenga la hermandad de los pueblos de Antioquia y Chocó, que ha sido y tiene que permanecer así, superior a las ambiciones de algunos dirigentes y, ahora, a las descuidadas pretensiones electorales de algunos funcionarios del Gobierno Nacional.