El revuelo en medios de comunicación por la carta de 22 páginas en que la fiscal Fatou Bensonuda le detalla a la Corte Constitucional las irregularidades y vacíos del acto legislativo que crea la JEP demuestra la forma descuidada como medios de comunicación y líderes de opinión pública han atendido los elementos más críticos del acuerdo final del gobierno Santos y las Farc.

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En efecto, quienes han seguido paso a paso las discusiones por desvaríos, yerros y vacíos en el acuerdo final del Gobierno y las Farc, así como las normas que lo han desarrollado, reconocen que el análisis profundiza discusiones y críticas a la estructura de la JEP, que ya la fiscal Bensouda y su antecesor, Luis Moreno Ocampo, habían presentado no obstante ratificarse en su respaldo a la negociación de la paz con las Farc y hasta al acuerdo final, eso sí con la previa exigencia de que no hubiese impunidad.

Los puntos centrales de la reclamación hecha a la luz del Estatuto de Roma, tratado internacional ratificado por el Estado y ese sí parte del bloque de constitucionalidad, se refieren a la falta de claridad para imponer castigo a los mandos responsables de los crímenes, que en las Farc son los jefes y miembros del secretariado que impedían que se moviera una hoja sin su autorización. La exigencia de sanción a los responsables en la cadena de mando es universal a los procesos de violaciones a los derechos humanos y constituye una de las garantías de justicia y no repetición.

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Preocupa también a la fiscal Bensouda, y así lo había señalado previamente en el país, la generosidad de la norma para conceder amnistías e indultos, que fueron justamente actos políticos que el Estatuto de Roma pretende contener. Le inquieta especialmente que se exija que para negarle la amnistía al autor de un crimen de guerra o lesa humanidad, se declare previamente la “sistematicidad” en la ocurrencia. Lamenta la Corte que se abre un gigantesco portón para que los procesados puedan eludir la acción de la justicia y reincorporarse a la sociedad sin responder por sus peores actos. En este mismo orden de generosidad con los responsables, la fiscal demanda claridad en relación con los determinadores, cómplices e incluso con quienes hubiesen omitido evitar la comisión de esos crímenes.

En coincidencia con la opinión mayoritaria de los colombianos, la señora Bensouda ha señalado que la coherencia del proceso de justicia transicional con el mandato del Estatuto de Roma exige que las sanciones impuestas a los criminales sean coherentes con la proporcionalidad del crimen. Sin referirse a la discusión irresuelta en el país, la fiscal da luces a quienes tienen en sus manos la decisión de permitir, o no hacerlo como están reclamando las mayorías, a los jefes de las Farc participar en política sin haber comparecido a la JEP y recibido su sanción. En pocas palabras, pues, la Corte Penal Internacional le está recordando a los colombianos que el Estatuto de Roma definió un nuevo marco ético y normativo que sirve de guía a los acuerdos políticos y jurídicos con terroristas y criminales.

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Con esta carta sobre la mesa, y la notificación de que desconocerla tendría consecuencias en el marco de la CPI, tienen la Corte Constitucional, el Congreso, el Gobierno y las propias Farc, una alerta que atender y una guía de decisiones que tomar para, así sí, poner a las víctimas y sus derechos en el centro de una negociación hecha para desconocerlas, cuando no humillarlas.