En Colombia la tipificación del delito concierto para delinquir permitió encarcelar parapolíticos, desmovilizados reincidentes y servidores públicos corruptos
Contrario a lo prometido en su campaña a la Alcaldía de Medellín, no le ha ido bien a Federico Gutiérrez con la seguridad de la ciudad. Recibió un municipio con tasas de homicidios decreciendo año tras año, la cual se revertió. La principal explicación de las autoridades no pasa de aseverar que es el resultado de la confrontación entre organizaciones delincuenciales por controlar los territorios y sus rentas ilegales (y muchas legales). Y no les falta razón. Los ajustes de cuentas representan cerca del 50% del total de asesinatos que a diario reportan los medios de comunicación, generalmente asociados a retaliaciones luego de detenciones de cabecillas de las estructuras generadoras de intranquilidad.
Ello quiere decir que buena parte de dichas capturas tienen que ver con delaciones a cambio de las acostumbradas recompensas y también algo o mucho de inteligencia, como una estrategia que en su momento se denominó “los objetivos de alto valor” para dar cuenta del afán de las autoridades de atacar las cabezas, con la suposición lógica de que ello desvertebraría las mismas organizaciones. En ello fue exitosa la estrategia adoptada en la administración anterior de Aníbal Gaviria.
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Pero las estructuras permanecen incólumes. A rey muerto, rey puesto. Ni tan muerto, porque el sistema carcelario nuestro es tan precario que desde las celdas de reclusión los jefes privados de la libertad continúan ejerciendo como jefes.
A la estrategia de los “objetivos de alto valor” le faltó articulación con dos estrategias importantes que no se alcanzaron a desarrollar: atacar a fondo las rentas legales e ilegales que nutren la actividad criminal en Medellín, tan atractivas como para que los cambios en las cúpulas no impliquen cambios serios en su accionar. El lucro justifica el riesgo, esa es la dinámica que reproduce la criminalidad nuestra; y, la otra estrategia, sería no reducir los esfuerzos al descabezamiento de las organizaciones delincuenciales, sino introducir más a fondo el brazo de la ley hasta desvertebrar esas formaciones bajo la sindicación de que las mismas son el resultado de un delito contemplado en el código penal: el concierto para delinquir.
El concierto para delinquir se refiere a la “alteración de la seguridad pública considerando la participación de varias personas para cometer un delito”, según múltiples definiciones. Debe darse la conjunción de tres factores: la existencia permanente de una organización con objetivos delictivos; que los miembros de dicha organización se hayan organizado voluntariamente con un objetivo en común; y que dicho objetivo ponga en peligro la seguridad pública. En Colombia la tipificación de este delito permitió encarcelar parapolíticos, desmovilizados reincidentes y servidores públicos corruptos. El concierto para delinquir ha sido una herramienta estatal de lucha en el conflicto armado.
En Documentos Dejusticia 37, Rodrigo Uprimny y otros investigadores, al considerar las capturas realizadas por la Policía Nacional por presunta conducta delictiva, 2005-2014: 2.479.630 detenciones, de las cuales 727.091 (el 29,3%) han sido por presunto porte, tráfico o fabricación de drogas (art. 376 del Código Penal), respecto del total se revela una tendencia de la policía a concentrarse más en la persecución de esta clase de conductas. De hecho, si se suma la participación porcentual de los demás delitos de drogas se tendría que, por ejemplo, para el año 2014 una de cada tres capturas realizadas por la policía tuvo que ver con drogas. Aunque más fáciles de realizar, este tipo de capturas puede estar implicando un alto costo de oportunidad en el uso de los recursos técnicos, presupuestales y humanos de la policía: por concentrarse en la persecución de esta clase de conductas se dejan de perseguir otras que, pese a que son mucho más complejas de detectar, pueden contribuir a golpear más eficazmente al crimen organizado y a los eslabones más fuertes de la economía ilícita, así como a proteger la seguridad y la salud públicas. Conductas como el lavado de activos o el concierto para delinquir representan apenas un 0,5 y 0,7% respectivamente del total de capturas durante este periodo.
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El 19 de enero de 2016, en Vanguardia.com, el presidente Juan Manuel Santos anunció que la Fiscalía General proclamará una nueva política judicial que busca procesar por concierto para delinquir a los ladrones de los llamados delitos menores, preocupado por la oleada de robos y hurtos en Bogotá. “Estoy convencido de que va a tener buenos resultados, antes se perseguía a cada individuo, ahora se perseguirá a toda la organización y así se va ser más eficaz contra el delito”. El Presidente dijo que en el caso de Bogotá se aplicará inicialmente este mecanismo con el objetivo de enfrentar a las bandas criminales. Explicó que para evitar que sigan quedando en libertad los delincuentes, ahora se les procesará por concierto para delinquir y no sólo como el delito individual que es más fácil de ser excarcelable. Quedó en simple intención, en el papel.
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