Hechos que hacen temer por un doble juego en el que los farianos se beneficiarían de la tolerancia con el control territorial y de rentas ilegales en que persisten algunos de sus ¿ex?-miembros
En cada jornada, los medios de comunicación debemos informar de crímenes o incautaciones de armas, drogas o laboratorios de procesamiento propiedad de las “disidencias de las Farc”. Estos hechos demuestran LA progresiva toma de territorios y actividades criminales que esa organización debe haber dejado, por delincuentes que rechazaron el acuerdo final.
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Según el punto 3 del acuerdo, “Fin del conflicto”, en sus apartes sobre “desmovilización” y “dejación de armas”, las Farc están obligadas a entregar al Mecanismo de Monitoreo y Verificación los listados de guerrilleros y milicianos, así como a elaborar los de sus negocios y bienes. En consecuencia, ese grupo debe informar sobre los disidentes y sus actividades criminales que están minando el posacuerdo. La renuencia con ese compromiso acrecienta la lista de incumplimientos de esa organización a las muy escasas obligaciones que se le impusieron en el acuerdo final.
La postergación de ese compromiso, además, alimenta temores de ciudadanos que sospechan de un doble juego en el que las Farc se estarían beneficiando por su exposición pública como grupo desarmado que transita a la política, en las capitales, mientras han hecho modo y maña de conservar el control de territorios y rentas ilegales en regiones sin control de la opinión pública o gobernantes capaces de dar difíciles batallas por hacer valer la verdad y garantizar la seguridad.
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Un compromiso sincero de las Farc con el fin del conflicto se demostraría en su desmarcamiento de las disidencias y en la aceleración de las actividades de desmantelamiento de las caletas, por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, de manera que se verifique que los disidentes no podrán hacerse a los arsenales todavía ocultos para el Estado y la ONU.
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