El intenso lobby mediático y político de sus propietarios contra la liquidación de Electricaribe, ordenada por la Superservicios, permite entender la importancia del paso dado por ese organismo para defender el derecho de los departamentos de la Costa Atlántica a acceder a un servicio eléctrico económico, confiable y eficiente.

Esa presión es apenas el primer paso de una dura batalla contra la recurrente estrategia de contratistas corruptos que ganan licitaciones de bienes o servicios porque hacen ofertas a bajo precio, teniendo certeza de que pueden ?cuadrar? sus ingresos incumpliendo contratos, alegando sobrecostos o exigiendo el pago de exorbitantes reclamaciones que piden conciliar o llevar a tribunales de arbitramento conformados para dar gusto a las partes en conflicto, disfrazando su complacencia con una falacia de equidad.

Además de la política, la batalla de Superservicios es jurídica. Para librarla, el Gobierno Nacional no se puede aterrar por el llamado a arbitraje, pues tiene a su alcance normas y una valiosa tradición jurisprudencial con la que las cortes nacionales han garantizado a empresas públicas como la Etmva sus derechos a debido proceso y defensa del erario.

La valentía de la Superservicios merece respaldo del Gobierno y los voceros de opinión, así como aplauso de la ciudadanía.