Renovar el parque automotor que presta servicio público es una de las tareas que la Alcaldía de Medellín, en conjunto con las empresas privadas de transporte, tiene con miras a 2019. La idea es la de actualizar la flota de transportes que opera en la ciudad en un 70%. Según la Secretaría de Movilidad, son al menos 3.593 los buses y busetas de transporte público colectivo matriculados en la ciudad.

De acuerdo con Humberto Iglesias, titular de esta dependencia, hasta el momento se ha logrado un 35%, es decir, la mitad de la meta propuesta que equivale a 1.257 automotores nuevos y con tecnologías Euro IV y Euro V, que generan una menor cantidad de contaminantes a la atmósfera.

“Los transportadores tienen total compromiso para cambiar toda la flota de sus buses con vehículos amigables ambientalmente. La idea es que al 2019 se logre renovar el 70% de este parque automotor”, confirmó Iglesias.

Oswaldo Pérez, gerente de Cootrabel, que presta servicio en las rutas de Belén, manifestó que a la fecha, y con el plan de renovación ya cuentan con siete vehículos nuevos con tecnología Euro V y esperan en el transcurso de este año continuar con el proceso que les exige en este 2018 modernizar otros diez vehículos.

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“Los transportadores con la Alcaldía llegamos a unos acuerdos que nos dicen que debemos tener el 70% de la flota modernizada en cinco años y en diez la totalidad. Eso implica una programación acorde a la capacidad de las empresas. A nosotros, por ejemplo, nos correspondió en este primer año renovar cinco vehículos, pero nos hemos adelantado y logramos avanzar en siete. Para el próximo año tenemos que modernizar diez más”, expresó Pérez.

Sin embargo, pese a que el proceso avanza en esta y otras empresas de transporte de la ciudad, los esfuerzos por renovar la flota deben salir únicamente del bolsillo de los dueños de los buses, sin tener retribución alguna con el tema de la chatarrización de los vehículos más antiguos.

“Cada propietario hace su esfuerzo y su crédito. No hemos tenido ningún beneficio, todo este tema ha sido con capital privado. Además, estamos en una discusión con las autoridades porque pedimos que nos dejen vender los vehículos viejos a otros lugares para que nos sirvan de apoyo en la cuota inicial para comprar los carros nuevos, pero nos indican que debe ser chatarrizado totalmente y no hay beneficio en ello”, puntualizó Pérez.

Respecto al tema, el secretario de Movilidad expresó que se ha hablado con autoridades del ámbito nacional para buscar alternativas en este sentido de la chatarrización.
“Hemos conversado con el Ministerio de Transporte y les planteamos alternativas para realizar un fondo de chatarrización, que nos permita seguir avanzando en la racionalización de muchos vehículos y que se cambien por tecnologías limpias y nuevas”, manifestó Iglesias.

No obstante, el cambio de buses chimeneas a buses con tecnologías nuevas no es tema propio de Medellín.

Sotrames, empresa que presta servicio de rutas integradas del Metro y rutas metropolitanas entre Sabaneta, Envigado y Medellín, también se encuentra realizando el proceso de racionalización de su parque automotor: “En una de las rutas que va a Medellín pasamos de tener 62 vehículos tipo buseta a tener 42 tipo buses. Ofreciendo menos vehículos y volviendo más eficiente la ruta. Son vehículos nuevos con tecnologías Euro IV y V”, contó Luis Carlos Díaz, gerente de Sotrames, quien sostuvo que los 62 vehículos que pasaron a ser chatarrizados no contaron con beneficio algunos para la empresa.

Las mediciones que no han pasado en el transporte público

Según cifras del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva), el 60% del material particulado PM 2.5 proviene de las fuentes móviles. De esa cifra, el 9% corresponde a los buses que integran el transporte público del territorio.

Entre el 3 de enero de 2017 y el 31 de enero de 2018 por lo menos 8.553 vehículos de transporte público no pasaron las pruebas en los diez municipios de la región.
De ellos, 3.884 son buses, 2.109 busetas y 2.560 corresponden a microbuses.

Por lo menos 3.836 de esos vehículos que no cumplieron con los controles llevaban entre diez y quince años de operación en las vías.