Una de las cosas en las que más se ve nuestro tropicalismo, nuestro clima de incertidumbre e improvisación, es la manera como se ha “manoseado” la Constitución de 1991, la Ley de leyes, la Carta Suprema, como quiera que se la llame, siempre tratando de resaltar lo importante que es para la nación. Pero esos apelativos de nada han valido cuando de reformarla se ha tratado. Nuestra Constitución tiene 25 años y ha sido enmendada, reformada, 45 veces, es decir, casi cada 2 años se le ha metido la mano, según las componendas del momento. Casi todas (aunque creo que todas) las reformas han sido propuestas por el Poder Ejecutivo de turno, tratando siempre de acomodar la Ley de leyes a los propósitos o metas que le interesan, por lo que a varias de tales reformas se les pueda dar el calificativo de “oportunistas”, esto es, como lo que dice la Carta Suprema no me conviene, pues la reformo y así el Congreso (uno de los medios legales para alterarla) me deja despejado el camino para mis propósitos, aunque cueste “aceitar” maquinarias y comprar conciencias. No han faltado en esa especie de irrespetos los trámites legislativos signados por el afán desmedido del Ejecutivo y de allí términos como “fast track”, forma extranjera de decir: aprueben a la carrera y sin chistar, al que la “liberal” o, más bien, santista Corte Constitucional le dio el visto bueno, dejando al desnudo el fin de la democracia, de la independencia de Poderes. Los colombianos mayoritariamente dijimos NO y los arrodillados Poderes impusieron el arbitrario SI de Santos.
También se habla de Constitución Política, pero esa forma de referirse a la Constitución ha cambiado al punto de que es más apropiado referirse a ella como Constitución politiquera. Contrasta ese jueguito con nuestra Carta con lo que ha sucedido, por ejemplo, en Estados Unidos, cuya Constitución tiene 240 años y ha sido enmendada 27 veces, lo que equivale a una enmienda, en promedio, cada 9 años. En el caso colombiano, ¿se acuerda alguien en qué consistió la reforma número 7, o la número 25, o la número 32? Pocos sabrán eso de memoria porque son tantos los remiendos que se le han hecho que ahora es como una tropicalísima Carta de parches.
Esa fragilidad en la cúpula jurídica ha seguido descendiendo y es así por qué hoy el sistema judicial colombiano tiene tan baja nota entre los colombianos, ya por los grados de impunidad, ya por el grado de politización (…santista…) de la Rama, ya por falta de más recursos, ya por la lentitud en juzgar y proferir veredictos, los que como que casi nunca quedan en firme porque las apelaciones, y más demoras, están contempladas. La Justicia es uno de los tres pilares de la democracia, contra la que hoy atenta en forma exagerada el cáncer de la corrupción, infiltrada también en los otros dos Poderes, en las otras dos bases se la democracia. Sin justicia operante, ágil, realmente ciega, y con la corrupción llevándose una tajada enorme de los recursos económicos, bien poco puede esperarse de la estabilidad y vigencia de nuestra democracia.
Sobre esa base de manoseo a nuestra Constitución, no sé por qué nos sorprende que tantos conjuntos de leyes sobre diversos temas (por ejemplo el tributario) sean tan complejos, tan enredados, tan remendados. Claro, si a la Ley de leyes se la reacomoda cada 2 años, ni qué pensar de las normas que de ella se derivan. Tanto se habla de incertidumbre jurídica. Aquí planear un negocio a mediano y largo plazo no pasa de ser, en muchos casos, una burda extrapolación de las condiciones presentes, sin garantía de que ellas sobrevivirán el paso de presidentes, ministros, congresistas, magistrados, etc.
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Otra mentira de Santos: que la reforma tributaria sería estructural. ¡Falso! Con mucho bombo, como gusta al mandatario, se nombró una comisión de “sabios” para que sugirieran algo realmente estructural, pero no, el verdadero propósito fue el de cobrar más impuestos porque la parafernalia estatal y la corrupción se habían quedado sin financiación. ¿Hasta cuándo?