La decisión del juez sexto administrativo de Medellín que ordena a la UNP indemnizar a la familia del periodista Luis Carlos Cervantes Solano, asesinado en el corregimiento La Caucana de Tarazá en agosto de 2014, reconoce la conexión del crimen con su actividad periodística, hecho aceptado ante la Fiscalía por el autor material. Con la decisión y la sanción a la entidad nacional, el juez ofrece reparación a los deudos de un crimen que pudo ser evitado y le señala a la justicia penal un norte para que ella también investigue y sancione a los determinadores del gravísimo ataque a la libertad de prensa perpetrado en la persona del periodista del Bajo Cauca. 

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Con la condena concluye una cadena de hechos ocurridos en el Bajo Cauca antioqueño desde 2010 que deberían avergonzar al Estado colombiano. No se conjuran, sin embargo, las amenazas contra la libre expresión por el letal contubernio de narcos, corruptos y organizaciones criminales.

En el caso particular de Cervantes, uno de los catorce periodistas antioqueños que en 2014 enfrentaba amenazas debido a su oficio, se revela la indolencia de las autoridades nacionales, y las organizaciones que las asesoran, para enfrentar las realidades de comunidades asediadas por la fatal mezcla de corrupción, narcotráfico y organizaciones criminales, que mató a Luis Carlos Cervantes y ha asesinado a muchos periodistas y líderes sociales del país. Y más allá de la indolencia se instala el cinismo incapaz de valorar, contextualizar y entender la valentía de los periodistas de medios de comunicación locales que deciden enfrentar a los poderes corrompidos para defender los derechos de las comunidades por las que son guardianes.

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La extrapolación del caso Cervantes al periodismo local, legítima por los múltiples hechos que se siguen repitiendo, confirma la ausencia de políticas de Estado para la promoción y protección del periodismo libre, y los medios de comunicación que puedan realizarlo en los municipios que necesitan del ojo vigilante de la prensa independiente, fortalecida en sus capacidades para el ejercicio libre de sus derechos y obligaciones y protegida de las amenazas de los corruptos. Tal ausencia deriva en inexistencia de medios de comunicación o en la autocensura de los medios y periodistas desprotegidos.

Las Cartografías de la información realizadas por la Flip en 690 municipios de 23 departamentos, han puesto al descubierto la severidad de lo que ese organismo llama “silencio informativo”, que es la falta de medios que produzcan y divulguen información local. El estudio denuncia que en 398 municipios no existen medios informativos locales. Ese acallamiento afecta a la ciudadanía de los municipios en silencio, que no tiene instrumentos para conocer cómo es gobernada, y crea una barrera protectora de corruptos y violentos, toda vez que los medios de comunicación regionales y nacionales carecen de mecanismos para conocer qué está pasando en los municipios silenciados.

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El estudio de la Flip no alcanza a conocer cuántos y cuáles son los medios y periodistas locales que, al verse desprotegidos y carentes de recursos o financiación distinta a la manipulada oficial, han optado por la autocensura como mecanismo para salvar sus vidas, como en sus últimos días intentaba hacerlo Luis Carlos Cervantes al sólo hablar de música, una medida desesperada que no fue útil para proteger a quien para entonces los gremios periodísticos describían como “el periodista más amenazado de Colombia”.