Ante la inminente operación de la Justicia Especial para la Paz, anunciada para el 15 de marzo, que le quitaría potestades para investigar anomalías de las Farc durante su desmovilización, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, avanza en el cumplimiento de su compromiso de esclarecer cuáles son y dónde están los multimillonarios bienes que el secretariado general no incluyó en la lista de ollas, escobas y otros, que entregó al Gobierno en agosto del pasado año.

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En su esfuerzo por identificar esos bienes y emprender las acciones consecuentes, la Fiscalía acaba de recibir importante respaldo del procurador general. En carta al presidente de la República, Fernando Carrillo le recordó el claro contenido del acuerdo de paz, que contempla en el punto sobre reparación que “los bienes y activos que no hayan sido inventariados una vez concluido el proceso de dejación de armas, recibirán el tratamiento que establece la legislación ordinaria”. Ese respaldo tiene vital importancia para el organismo que se enfrenta a las tretas de las Farc y al lanzamiento de globos, que anuncian debilidades y ocultamientos, por el Gobierno. 

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Las investigaciones del fiscal han develado los hechos suficientemente conocidos por el país, sobre inversiones de las Farc en supermercados, así como hallazgos de un centenar de bienes en Ecuador, que la Fiscalía ha certificado ante autoridades de ese país, que anunciaron su decisión de colaborar con Colombia. Además, y con apoyo de autoridades costarricenses, avanzan en el esclarecimiento de los bienes que se encuentran en Costa Rica. Otros alijos no son tan fáciles de encontrar, pues las autoridades de los países son cómplices de ese grupo, como ocurre en Venezuela, o han tomado decisiones que le facilitan movilidad y el uso de sus recursos, como hizo la Unión Europea al levantarles la calificación como terroristas antes de verificar su cumplimiento a los acuerdos de paz. 

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El esfuerzo que libra la Fiscalía es, pues, relevante, por las condiciones de ocultamiento de esos bienes, que es equiparable con el de las caletas que se empieza a denunciar que han desmantelado las “disidencias”. También lo es por la actitud amenazante de las Farc, que han apelado a reconocibles cortinas de humo, como declarar al fiscal general como persecutor con fines políticos o la de reclamar por el estado de lo que entregaron en su lista. A esa estrategia le está prestando ayuda, ya no es de extrañar, el Gobierno Nacional. Lo hace el ministro del Interior al condicionar la sanción que tendrían los ocultadores, señalando que “si una persona queda sujeta a la jurisdicción ordinaria y lo condenan, puede implicar la privación de la libertad”. Y especialmente lo realiza al abrir un campo de dudas sobre quiénes serían responsabilizados por el ocultamiento, cuando es claro que la responsabilidad de elaborar las listas y entregar los bienes propiedad de esa organización es del Secretariado de las Farc.

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La confusión fruto de este debate contribuye a mantener la oscuridad sobre el destino de los bienes de esa organización, que no puede ser el mismo para todos. Los bienes, especialmente propiedades, usurpados a sus legítimos propietarios, mediante robos u otras prácticas ilegales, deben ser regresados en ágiles procesos de restitución. Y aquellos obtenidos mediante sus negocios ilícitos han de ir directamente a la reparación de las víctimas, también en procesos ágiles y debidamente controlados, de manera que empiece a hacerse justicia.