El Acuerdo de punto final con el que el Gobierno Nacional busca cumplir los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo sobre saneamiento de las deudas de las EPS con los prestadores de salud y de estos con sus trabajadores y proveedores, ha generado amplias expectativas y reavivado la esperanza de que el aseguramiento, del que hoy goza más del 90% de la población, sea garantía de atención que proteja la vida y controle enfermedades que disminuyen su calidad. Las normas ya definidas y los primeros pasos en la dirección de aliviar las cargas financieras sobre el sistema de salud indican las posibilidades, compromisos y complejidades de un modelo que se propone subsanar fallas pasadas y contener la posibilidad de que se repitan.

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El Gobierno ha calculado el monto del déficit de la salud en siete billones de pesos, correspondientes a las deudas de las EPS por tratamientos POS además de las que tienen los departamentos y la Adres por tratamientos NO POS de los regímenes subsidiado y contributivo, siendo estas últimas las de mayor crecimiento desde que el Ministerio de Salud igualó las coberturas de ambos sistemas, buscando contener, sin resultados satisfactorios, la avalancha de tutelas en salud. Dado que las cuentas de las IPS a las EPS y de estas a los departamentos y la Adres no han sido conciliadas ni auditadas, se ha determinado que el primer momento de este proceso es el de revisión y aprobación de las deudas. Dado que el pago al sistema se hará con títulos de deuda pública emitidos a dos años y que para algunas IPS la situación es apremiante, es viable considerar que la reducción de los valores a pagar se compense con una merma en el tiempo de cancelación de las deudas.

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Tan importante como sanear las finanzas del sistema, y así lo reconoce el acuerdo, es procurar que no se repita una situación provocada por el desorden al que contribuyeron prestadores, farmacéuticas y proveedores al fijar arbitrarios sobrecostos a procedimientos, medicamentos e insumos, así como la Corte Constitucional, al imponer tratamientos NO POS, muchos de ellos cosméticos, otros experimentales y algunos no vitales. Les corresponderá al Ministerio y a la Superintendencia de Salud, que pueden tener apoyo de otros entes reguladores, mantener fuerte control sobre los principales factores desestabilizadores de un sistema al que le cuesta prever sus costos y sobre el que pesan grandes presiones de gasto.

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El Acuerdo de punto final fija responsabilidades en los cuatro puntos determinantes de la sobrecarga financiera al sistema de salud: el recobro de tratamientos y procedimientos, los precios de los medicamentos, los tratamientos de eficacia no comprobada y los medicamentos de alto costo. Para garantizar tarifas estables y contener la tendencia al desborde en los cobros se hará imperativo que EPS e IPS tengan negociaciones transparentes y controlables para los recobros por atenciones NO POS. Del mismo modo, se precisa una estrecha vigilancia al precio que las farmacéuticas ponen a la venta de sus medicamentos, dadas experiencias como las vividas con poderosas casas, como Novartis y Pfizer, entre otras, que en Colombia fijaron precios que llegaban a superar el 400% el que cobraban en otros países, por medicamentos vitales. En el mismo campo de los medicamentos, es necesario fijar reglas claras sobre la vigencia de patentes que sus propietarios usan como onerosos impuestos sobre la población, así estos no atiendan los gastos realizados en la atención. Como ocurre aún en los países con más eficaz y generosa atención en salud, el Estado colombiano debe mantener la política de no aprobación de tratamientos experimentales o no comprobados, que son de alto costo y no ofrecen garantías de recuperación de la salud o cuidado de la vida de los pacientes. Algunos de los mayores problemas de los pacientes y sobrecostos del sistema de salud están causados en la debilidad de los modelos de prevención y atención temprana, que evitarían el agravamiento de pacientes de cáncer, sobre todo los niños; enfermedades cardiovasculares o controlables, como la diabetes. La recuperación del sistema debe estar acompañada por el mejoramiento de la prevención en salud, el establecimiento de un marco de atención razonable y la fijación de límites al consumismo en salud.

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Atención especial nos merece a los antioqueños la posibilidad de recuperación de Savia Salud que llega con medidas que alivian su deuda con los prestadores, que recibirán directamente los pagos pendientes. A pesar de su importancia, estas no son las únicas acciones pendientes para darle a esa EPS la oportunidad de recuperarse, volver a prestar atención digna a sus pacientes y ser modelo de alianza interinstitucional para la atención en el régimen subsidiado. Con este primer salto sí que se justifica retomar la agenda de capitalización por los socios y vinculación de los prestadores, a cambio de parte o la totalidad de sus deudas, con el sistema. 

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