La democracia colombiana, aunque ha sobrevivido a la embestida de Santos y de los carteles de la toga, está tocada. Nuestro Estado de derecho recibió los golpes de un acuerdo de paz que privilegió la impunidad de los victimarios, incluidos los depredadores sexuales, pasando por encima de los tratados internacionales como el Estatuto de Roma, que Colombia firmó y que exige castigo apropiado a los criminales de guerra.

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El país venía recuperándose de la actividad letalmente criminal desatada por grupos terroristas de extrema izquierda y extrema derecha o simplemente organizaciones mafiosas, dedicados al narcotráfico, combustible de la violencia armada, con el respeto a la ley y la garantía efectiva de los derechos fundamentales- Pero gracias a la negociación Santos – Farc, Colombia está con más de 210.000 hectáreas de cultivos ilícitos, a pesar de que Uribe redujo dichos cultivos a 40.000 hectáreas de coca al finalizar el gobierno.

El aumento del cultivo y de la producción, ha permitido que la cultura de la ilegalidad se convierta en un cáncer que se está llevando, de paso, a una generación de colombianos, que se están convirtiendo en adictos.

La estrategia de Santos, lo he dicho en otras ocasiones, consistió, entre otras cosas, en corromper el Congreso y tener el control de las altas cortes. Y todo esto le funcionó. Sin embargo, la oposición ganó las elecciones y tiene la oportunidad de corregir el timón. La divisa es: el que la hace la paga y el objetivo, construir la cultura de la legalidad, como un valor democrático de todo el pueblo colombiano.

Ahora bien. El problema de la administración de justicia no es sólo la relación de los jueces supremos con Santos. En estos días hemos sido testigos de cómo la Corte Suprema de Justicia intercepta, al entender de muchísimos colombianos ilegalmente, al expresidente Uribe. La justificación del alto tribunal pasó de “error” a un “hallazgo imprevisto e inevitable” y que, por tanto, es legal. Lo curioso es que tardaron un mes en darse cuenta de que no era el teléfono del exrepresentante Nilton Córdoba sino el del expresidente. Más curioso, que escuchas no ordenadas según los protocolos judiciales, sean consideradas legales. Porque el error no es atribuible a quien se escucha sino a quien lo comete -verdad de Perogrullo- y las garantías procesales exigen que todo procedimiento de investigación se ajuste a los términos de la ley. Si la honorable CSJ se vale de una irregularidad para procesar a Uribe, le está, en mi opinión, violando sus garantías procesales, que son la piedra angular de la justicia en un estado democrático; porque el enorme poder que tienen estos jueces no puede usarse para fines distintos a impartir justicia. Esta no se puede politizar ni ser parcial. Los únicos valores que debe tener son los de la democracia, encarnados en el debido proceso y un juicio imparcial.

El país está asombrado con esta actuación, que es un eslabón más en la larga cadena de decisiones sorprendentes. Porque uno no entiende, por ejemplo, que la información del computador de Raúl Reyes no pueda usarse para investigar a los mencionados en él por presuntos actos ilícitos, porque supuestamente se rompió la cadena de custodia, a pesar de que un organismo internacional de investigación, que está más allá de toda duda, certificara que los archivos no fueron manipulados; y, en cambio, ahora sean legales las escuchas irregulares a las que fue sometido el expresidente. Ni se entiende que el juicio contra el Cartel de la Toga esté durmiendo el sueño de los justos, pero la Corte haya sido tan acuciosa en comenzar un proceso de investigación contra Uribe en cuestión de semanas y sin siquiera haberlo llamado a indagación preliminar.

Esto sabe muy mal. Y después, el magistrado Barceló, presidente de la CSJ, se queja por las críticas que le llueven a ese organismo desde las redes sociales y pide frenarlas: “una invitación no solo a los líderes de opinión sino a todos los ciudadanos para que examinemos como vamos a detener la destrucción de la justicia cobardemente atacadas a través de las mentiras que personas inescrupulosas ponen a rodar por las redes sociales”.                                           (https://canal1.com.co/noticias/se-deben-frenar-linchamientos-contra-los-jueces-desde-las-redes-sociales-corte-suprema-de-justicia/).

El problema es que ni la CSJ ni ningún alto tribunal están por encima del escrutinio de la opinión pública. Y en las redes sociales, esta suele ser implacable, porque ya no puede ser contenida. Las redes han democratizado la libertad de expresión.

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Y aunque yo no comparto y rechazo fervientemente el uso de lenguaje agresivo y entiendo que las amenazas, las falsas noticias y las calumnias en el ciberespacio son delitos que deben ser castigados severamente, un magistrado no puede pedir que la gente no critique sus actuaciones porque la crítica masiva es, hoy, una forma de control de los excesos de los poderosos. La prueba: precisamente, el lamento del doctor Barceló. Nadie puede estar exento de crítica, y mucho menos, de la aplicación rigurosa de la ley, menos todavía, los jueces de la CSJ, que son los encargados de protegerla dispensándola imparcialmente. De la declaración del magistrado Barceló a la exigencia de censurar a quienes no estén de acuerdo con sus opiniones, no hay más que un paso.

Un poder judicial con un importante sector de jueces que tiende a abandonar el derecho que juró proteger, es uno de los golpes más demoledores que hay contra el sistema democrático. El país no puede soportar más esta anomalía. Para empezar, la Comisión de Acusaciones de la Cámara debe investigar, como lo solicitó un congresista del Centro Democrático, a los magistrados responsables de la presunta interceptación ilegal a Uribe. Es una oportunidad de oro para que el parlamento demuestre su independencia y envíe el mensaje de que es un poder que no se amedrenta; y el senador y sus abogados, como lo han dicho, deberían denunciar la actuación de esos magistrados a los organismos internacionales de derechos humanos para que le protejan sus derechos. Recuperar la justicia para salvar la democracia, es una de las tareas inaplazables del momento.