El 25 de agosto de 1987 fue grabado en la memoria de Colombia, y muy especialmente en la de Antioquia y Medellín, como la fecha más trágica de los meses oscuros en que el paramilitarismo se ensañó contra líderes de derechos humanos, académicos, periodistas, dirigentes políticos y activistas sociales, agravando las tragedias que este departamento encaraba por la criminalidad de las guerrillas y el narcotráfico.

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La noche se hizo más dura con el asesinato del médico Héctor Abad Gómez, humanista, impulsor del desarrollo médico y pionero en la defensa de los derechos humanos.

En tanto médico y académico, Héctor Abad Gómez recogió el legado de conocimiento y actividad por la salud pública que la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia había construido a través de sus profesores y médicos en año rural, y con ellos dio vida, identidad y presencia a la Facultad de Salud Pública, dependencia afamada internacionalmente por su capacidad de darle rostro y valor social a los avances médicos. Esta le rendirá hoy tributo por su obra permanente en la Medicina y la defensa de los derechos.

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La actividad organizativa y política que Abad desarrolló en las instituciones donde ejerció la medicina, sumada a la sensibilidad por la que el jurista Carlos Gaviria lo reconoció como “un hombre bueno”, fueron ruta para que emprendiera su intensa acción en defensa de los derechos humanos, conculcados por miembros de la Fuerza Pública que desviaron sus armas contra los ciudadanos, así como por el nacimiento del paramilitarismo, que sumó su crueldad a la de las guerrillas, para cegar las vidas de ciudadanos a quienes esas señalaron como sus enemigos.

El recuerdo de Héctor Abad Gómez es de vida. Porque la suya sembró conocimiento científico, valores humanos y éticos. Porque sus escritos, varios de ellos en columnas de EL MUNDO, siguen presentes para que las generaciones lo estudien y comprendan. Porque sus alumnos mantienen vivas sus creaciones.

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La memoria del crimen contra Héctor Abad y contra las víctimas de ese ensañamiento del clan Castaño contra los intelectuales y activistas políticos, culturales o sociales, es de indignación y reclamo. Indignación para que las sociedades y ciudadanos comprendan que nadie puede ser asesinado por sus ideas. Y reclamo a la justicia para que garantice el fin de la ya larga y penosa impunidad que cubre tanta ignominia.