Socorro Hernández, rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, parte del chavismo, dijo que sobre este mecanismo democrático la oposición no ha acudido a su institución, la única avalada en el país en estos temas.
La rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela Socorro Hernández, vinculada al chavismo, aseguró este martes que la consulta promovida por la oposición sobre la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el Gobierno no tendrá efectos de legalidad.
"La Asamblea Nacional Constituyente es el proceso legalmente permitido dentro de la Constitución y las leyes que se tiene que llevar adelante, cualquier otra cosa que se esté haciendo no reviste la legalidad de un proceso electoral", dijo Hernández a una radio local al ser consultada sobre el plebiscito de la oposición.
En este sentido, indicó que los opositores "no han pedido ningún apoyo" ni han consultado "absolutamente nada de esa iniciativa". "Aquí la institución en el país que lleva adelante los procesos electorales es el Consejo Nacional Electoral, cualquier otro ejercicio que se este haciendo obviamente no es vinculante, no tiene carácter de legalidad", insistió.
El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, aprobó el 5 de julio la convocatoria a un plebiscito para el próximo domingo para consultar a los venezolanos su rechazo o apoyo a la Constituyente impulsada por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
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La consulta, que se celebrará el próximo domingo con el respaldo de algunas universidades e independiente del Poder Electoral, también cuestiona a los venezolanos sobre si rechazan la Constituyente y si piden a la Fuerzas Armadas que protejan la Constitución vigente. Además, si aprueban la remoción de los titulares de los Poderes Públicos, acusados de servir al chavismo; la celebración de elecciones y la conformación de un gobierno de unidad nacional.
El oficialismo ha asegurado que esta consulta es ilegal porque la Constitución no contempla un proceso similar, y por tanto sería un proceso ineficaz, y este martes anunció que acudirá al Tribunal Supremo de Justicia para demandar su suspensión.