Por Juan José Mesa Zuluaga

Esta semana (re)conocimos la vieja propuesta del Centro Democrático de lacerar al Congreso de la República eliminando la mitad de las curules del Senado y la Cámara de Representantes. En este caso, la justificación es generar un recorte de gastos públicos -el salario de unos 123 representantes- con el fin de apalancar la economía en estos momentos de crisis. Desmontemos esta farsa.

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Lo primero, y más importante, recortar el Congreso de la República es una medida que atenta contra la calidad de la democracia. El Congreso es el máximo órgano de representación política, por fuera de la rama ejecutiva, que tienen los ciudadanos del país. Toda medida que pretenda disminuirlo o menguarlo sin transformar equiparablemente las otras instituciones del poder público es, en últimas, un desequilibro a la separación de poderes, que de por sí ya favorece contundentemente la institución presidencial. Por otro lado, el número de curules es directamente proporcional a un índice de participación política, a mayor número de congresistas mayor y más plural será la representación, toda vez que, entre otros, habrá una cabida electoral más propicia para minorías y expresiones políticas alternativas. No es de extrañar, entonces, que esta propuesta surja promovida por la bancada mayoritaria del Senado, el CD, pues menguar la cantidad de delgados es beneficioso para a las mayorías legislativas.

En segundo lugar, los ponentes de la iniciativa han utilizado el ejemplo de Italia para insistir en la conveniencia del recorte. En este país fue aprobada la reducción de la próxima legislatura en una tercera parte. No obstante, la situación colombiana dista mucho: el Centro Democrático pretende un Congreso de tan solo 157 miembros (contando ambas cámaras), con una media de representación subsecuente de 1 congresista por cada 320.000 habitantes; mientras tanto en Italia, tras el recorte permanecerían activos 600 escaños (se eliminaron poco más de 300), con una proporción de representación significativamente más alta, 1 legislador por cada 100.000 habitantes.

Por otro lado, el impacto fiscal proyectado es de un ahorro anual de 300.000 millones de pesos ¿debemos creer que esto redimirá la economía nacional? Es de reconocer que este monto representa recursos adicionales, sin embargo, supone una cifra exigua para su coste excesivo en el ejercicio de la participación y la representación política. Así, estos dineros pueden provenir de fuentes más justas y equitativas, como los dividendos acumulados de las grandes empresas, las reservas internacionales o de los patrimonios desproporcionados del percentil más rico del país.

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Finalmente, esto nos debe servir para ser críticos frente a las reformas autoritarias y antidemocráticas que pretenden los ostentadores del poder político, sobretodo en estos momentos en que el discurso de la seguridad pública es tan invasivo de los derechos y las libertades; lamentablemente, no consiguen sorprenderme los elogios y aplausos que ha tenido esta propuesta en un sector de la población, los colombianos, en últimas, un electorado con vocación de súbdito.

* Estudiante Derecho UdeA, Literatura Eafit

Comentarios:

JAIME
2020-04-23 16:54:34

Es una excusa ya que muchas democracias en el mundo funcionan mucho mejor que la nuestra y con cuerpos legislativos mas pequeños

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