Consecuente con las declaciones y la posición diplomática de los últimos días, la cancillería colombiana en conjunto con otros siete países publicaron un comunicado donde enfatizan su rechazo hacia la crisis social y política que vive Venezuela y especialmente hacia las prácticas de las fuerzas estatales para afrontar las jornadas de protestas que ya cumplieron más de un mes y que deja hasta ahora 35 fallecidos, cientos de heridos y detenidos.

Esta declaración conjunta, sumada a la fuerte posición de la OEA y el revés diplomático en la última reunión de la Celac, donde el gobierno venezonalo esperaba un apoyo irrestricto como en otras ocasiones pero solo encontró conclusiones ambiguas e invitaciones al diálogo con la oposición, evidencian que la región está marcando una clara distancia con el gobierno de Nicolás Maduro y que el régimen está quedando cada vez más expuesto en el panorama internacional.

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A continuación el comunicado:

Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Paraguay deploramos el deterioro de la situación interna y el recrudecimiento de la violencia en la República Bolivariana de Venezuela, que desde el 6 de abril ha dejado un creciente número de muertos y cientos de heridos.

Condenamos el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades venezolanas contra la población civil que marcha para protestar contra las medidas del Gobierno que afectan la estabilidad democrática, polarizan aún más a la sociedad venezolana y ocasionan la pérdida de vidas humanas, en su mayoría de personas jóvenes.
Hacemos un llamado enérgico al Gobierno venezolano para que respete los derechos humanos de sus ciudadanos, como lo contempla su Constitución.

Como actual miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la República Bolivariana de Venezuela tiene la obligación de aplicar las normas más estrictas sobre la promoción y protección de los derechos humanos en cumplimiento de los compromisos y obligaciones derivados de los tratados internacionales que sobre el tema ha suscrito y ratificado.
En el marco del apego irrestricto al Estado de Derecho y para lograr la estabilización de la situación en Venezuela, reiteramos la importancia de cumplir el calendario electoral, liberar los presos políticos, restituir las funciones de la Asamblea Nacional democráticamente elegida, así como garantizar la separación de poderes.

Por último, hacemos un llamado a todos los sectores para no avalar acciones que generen más violencia y manifestamos nuestra convicción de que ha llegado la hora de concretar un acuerdo nacional incluyente que provea una solución duradera a la crítica situación que se vive en Venezuela.