La Audiencia Nacional española rechazó extraditar a Brasil al presunto cerebro financiero de la trama de corrupción de la petrolera Petrobras, Rodrigo Durán Tacla, al tener la doble nacionalidad española y brasileña y no existir un convenio bilateral para la entrega recíproca de sus ciudadanos.

En un auto notificado este viernes, el Pleno de la Audiencia revocó una decisión previa de la Justicia española de dar luz verde a la entrega a Brasil de Durán para ser juzgado por un delito de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a la organización criminal en relación con el caso Petrobras, por el que también está siendo investigado el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

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No obstante, la Audiencia abre la puerta a la posibilidad de que el reclamado sea enjuiciado en España, siempre que Brasil así lo solicite y suministre las pruebas necesarias. Los magistrados entienden que la entrega a Brasil no puede producirse al no existir un convenio de extradición entre ambos países y al tratarse de un ciudadano español, por lo que únicamente existe la posibilidad de juzgarle en España.

Durán, que tiene la doble nacionalidad brasileña y española, alegó en la vista de extradición celebrada en mayo que está amenazado de muerte en Brasil y aseguró que viajó a España no para huir de la justicia, sino porque tenía "miedo".

Durán fue detenido en España por su supuesta implicación en la mayor trama de corrupción en la historia de Brasil, el caso Petrobras, en el que ya han sido condenados directivos de la petrolera estatal y de las principales constructoras del país, además de varios políticos.

La Fiscalía brasileña asegura que el expresidente brasileño Lula da Silva "fue uno de los principales beneficiarios de los delitos". Asimismo, apunta que hay "pruebas" de que esas actividades ilícitas "lo enriquecieron y financiaron campañas electorales y la caja" del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenecen Lula y la anterior mandataria, Dilma Rousseff, que fue destituida el pasado año por irregularidades en los presupuestos.

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En una entrevista publicada por el diario El País este viernes, Durán Tacla afirmó que la empresa Odebrecht sobornó a "más de 1.000 personas en el mundo" y que en Brasil hay 500 personas afectadas "con políticos y altos funcionarios brasileños cuyos nombres todavía no han trascendido".

En la entrevista, el abogado señaló que la empresa Odebrecht gastó cerca de 260 millones de euros en comisiones ilegales y que el dinero se movía en efectivo, "a través de cuentas en paraísos fiscales y transferencias internacionales", pero que la constructora "por seguridad, nunca pagaba en los países de origen del beneficiario".