Andrea Parra Triana

Un dolor profundo sale a flote al evidenciar la realidad de ese 60% de la Colombia olvidada, a la que le hemos dado la espalda históricamente: una porción de país que ha tenido que verle los ojos de frente a la guerra, que ha sorteado la presencia violenta de grupos ilegales, de fuerzas militares estatales, de la economía ilegal y extractivista… una Colombia que retrata la inequidad y las brechas entre los territorios de una nación que se ha construido desde el centro. Putumayo hace parte de esa Colombia. 

Entre 2007 y 2012, en Putumayo, 14 mil niños salieron del sistema educativo como consecuencia principalmente del desplazamiento forzado que, según el CODHES (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento), correspondió en esta misma época al 31% de la población. Esto quiere decir que una tercera parte de los habitantes del departamento fueron desplazados. De otro lado, entre 2007 y 2008, se produjeron en este territorio 38 asesinatos de ciudadanos bajo lo que se ha denominado “falsos positivos”; esto equivale al 7.1% del total de estos casos registrados en el país.

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Como sucedió en los lugares más afectados por la guerra en Colombia, Putumayo le dijo SI al proceso de paz con las FARC en 2016, después de haber empezado a vivir los beneficios del des-escalamiento de la confrontación armada. El proceso de paz ha permitido la llegada de nuevos actores, el retorno de algunas comunidades y ha posibilitado la esperanza. A pesar de esto, la situación hoy es de una enorme complejidad: la poca presencia del Estado en los espacios en los que históricamente hicieron presencia los grupos ilegales está permitiendo la ocupación de grupos delincuenciales, la sustitución de cultivos de coca no es aún una realidad productiva para los campesinos, la deforestación ha continuado en aumento, la minería ilegal, la ganadería y el extractivismo continúan acabando con las fuentes hídricas y los terrenos para el cultivo. La extensa zona tri-fronteriza del departamento sigue siendo un terreno propicio para la ilegalidad y siguen sin resolverse por parte de Estado las condiciones básicas de los habitantes.

Fotografías de un viaje

A dos horas y media de Villa Garzón por carretera destapada, seguido de tres horas y media en lancha por el río Caquetá, se encuentran las escuelas San Rafael y Sachamate, pertenecientes al municipio de Puerto Guzmán. “Hace dos años ustedes no habrían podido entrar hasta acá”, fueron las palabras de un integrante de la comunidad en alguna conversación.  Como la mayoría de escuelas de la ruralidad del país, estas son atendidas por una única maestra y han sido construidas por la misma comunidad en terrenos donados por alguno de sus integrantes.  Allí la única presencia del Estado es el maestro, que tiene que vivir en la misma escuela, en condiciones muy poco dignas, y que se las ingenia para desempeñar roles de psicólogo, conciliador y hasta abogado de sus comunidades. La alimentación y el transporte escolar suceden gracias al trabajo del maestro y la comunidad. Los sueños de los niños pasan por tener una planta de luz para poder usar esos computadores donados hace años sin conocimiento alguno del territorio, y por otros como tener baño, biblioteca o “abrir la llave y que salga agua”, sueños que nos hablan de esa Colombia desconocida, que no hace parte de los imaginarios ni de las políticas públicas construidas desde el centro del país.

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Sin embargo, lo que los maestros, niños y comunidades logran hacer con lo que tienen, también nos habla de las posibilidades y de las razones para seguir creyendo que la educación es el mejor camino para generar las transformaciones de ese país con el que queremos re-encontrarnos después de la finalización del conflicto armado.

*Asesora en la Fundación Empresarios por la Educación, una organización de la sociedad civil que conecta sueños, proyectos, actores y recursos para contribuir al mejoramiento de la calidad educativa.