Santos y su régimen tienen acostumbrado al país a los montajes contra la oposición y a los que buscan desviar la atención sobre los problemas que les explotan en las manos en razón de los manejos non sanctos que día tras día constituyen la esencia de su gobierno: desde el golpe de estado, pasando por alto el plebiscito que perdió (con la ayuda de una Corte Constitucional complaciente, una magistrada del Consejo de Estado que “revivió” el plebiscito derogado por el pueblo y un congreso debidamente enmermelado), hasta la curiosa carta de Otto Bula, escrita a mano pero que, se dijo, no es de su puño y letra -¡¡¡por lo enredada que es esta!!! se nos dijo-, en la que afirma que los dineros de Obedrecht no entraron a la campaña del presidente (como quien dice, el señor Prieto, gerente de la misma se quedó con la “propina” de 900.000 dólares sin que Santos supiera, lo que es un elefante parecido al de Samper y los dineros del narcotráfico). Semejante coartada (la de que esos dineros no estuvieron en la campaña, es contraevidente, en vista de la inmensa cantidad de mermelada que inundó las alcantarillas de la política regional de los ñoños y otros pillos, sin que, hasta el escándalo de la constructora brasileña, se supiera de donde provenían parte de esos recursos, junto con los cupos indicativos).

Santos corrió inmediatamente a “limpiar” su nombre, pero la carta de Bula, rara coincidencia, aparece cuando un juez lo exonera de los cargos de paramilitarismo. Curioso, ¿no?

Y más extraño es que en medio del escándalo, que crece todos los días, aparece, de la nada, un proyecto de “reforma política”, impulsado por el presidente y su escudero, sobreviviente del proceso 8000, el señor ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, precandidato y todo. En ella se propone alargar a cinco años el período presidencial, la financiación estatal de las campañas, el voto obligatorio y, por una vez, a partir de los 16 años, y listas cerradas, en las que el régimen nunca ha creído, porque las listas abiertas son la vía de entrada para las microempresas electorales, que son, por definición, más propicias a la corrupción.

Se trata de poner a hablar al país de ese esperpento, para desviar la atención de los entuertos de corrupción que brotan por borbotones, ejecutados desde el poder de la camarilla que controla el aparato del estado. ¿Por qué hacer este tipo propuestas sin esperar las recomendaciones de la comisión electoral, misma que fue creada por el acuerdo y que ya está trabajando? Ese es el sentido de la idea del voto obligatorio y el de adolescentes de 16 años, así como las listas cerradas. Pero como esta gente no da puntada sin dedal, de paso, le hacen el favor a las Farc de reformar la estructura electoral del Estado para ponerla a su servicio. ¿Por qué alargar a un año el mandato presidencial? Santos está pensando que en el 2018 va a ganar, por las buenas o por las malas, la coalición por la “paz” y un año adicional facilitará la adecuación de la estructura general del Estado a lo estipulado en el acuerdo con las Farc. Pero, además, la propuesta tiene el tufillo de ser una maniobra que allana el camino para proponer y tratar de imponer al aplazamiento de las elecciones en caso de que Santos y las Farc concluyan que no tienen chance de retener el poder.

¿Por qué hacer, a nombre de la lucha contra la corrupción, que las campañas sean financiadas por el Estado? Para que las microempresas electorales que surgirán de las Farc tengan financiación igual a las de los partidos y grupos que tienen otro origen y así ahogarlos en un mar de propaganda que los invisibilizará.

Santos y su coalición se están desplomando de manera acelerada y sin pausa. Pero depende de los ciudadanos y de la oposición que este proceso sea irreversible. Desde hace tiempo he defendido la necesidad de una gran alianza de partidos y dirigentes políticos, sectores sociales, religiosos, culturales e individuos para rescatar al país del golpe de estado que está en marcha. Debe hacerse, insisto, para las elecciones del 2018, y ojalá con un candidato único a la presidencia desde la primera vuelta, como propuso aquí José Alvear Sanín, para ganar la contienda de una vez, evitando el fraccionamiento que podría dejar a la oposición por fuera de la segunda vuelta. Pero también, debe articularse para las tareas actuales, que forman un continuo con justa del año entrante: la denuncia de la corrupción del régimen, la exigencia de la renuncia de Santos, el encabezamiento del descontento popular y la oposición continua y la desobediencia civil a las normas inconstitucionales e inconvenientes que, subrepticia e ilegalmente, nos impongan desde el congreso y las cortes para dar cuerpo a los acuerdos con las Farc.