Radiografía de un crimen de guerra   

Autor: Editor
23 abril de 2017 - 12:00 AM

El mundo ha condenado la sistematicidad con que Farc y el Eln han volado oleoductos, causando daños irreparables.

Apremiado por las dificultades fiscales y con la timidez que lo caracteriza para denunciar a las Farc y el Eln, el gobierno del doctor Santos ha tenido que reconocer que el Eln combina su calidad de interlocutor en la negociación de Quito con la de terrorista contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, objetivo de 28 atentados que en 2017 han provocado derrames y suspensiones en el bombeo (¡hasta de 46 días!) dejando de producirse por lo menos 900.000 barriles de petróleo.

El acallamiento se vive en dificultades para acceder a datos sistematizados sobre atentados contra la infraestructura petrolera perpetrados desde 2010 (ver infografía). El protagonista del silencio es el doctor Juan Manuel Santos. El mismo que, como ministro de Defensa, se apersonó de la tesis que la Defensoría del Pueblo defendía desde 1999 buscando demostrar la gravedad del terrorismo contra el petróleo y ganar para éste la calidad de crimen de guerra. Esta reclamaba que los casi dos millones de barriles de crudo hasta entonces derramados en atentados de las Farc y el Eln superaban en más de siete veces el derrame de 257.000 barriles del Exxon Valdez, tragedia ambiental ocurrida en marzo de 1989 que, aunque dista de ser la más grave, marcó un hito en el análisis sobre la seguridad de la actividad petrolera.  Consecuencia del silenciamiento es el nuevo enfoque de Ecopetrol, que tergiversa hechos y actores. La compañía presentó en 2015 un informe de “peores atentados”, que cerraba con el bloqueo de los Uwa contra los intentos de reparación del oleoducto en su territorio, acción reprochable y hasta penalizable pero que no debe incluirse en el mismo paquete del terrorismo Farc/Eln. En esa misma dirección, recientes informes de la petrolera equiparan los reportes del delito de robo de combustible en los poliductos con atentados terroristas intencionados. Con su lenguaje y decisiones, el Gobierno Nacional ha cosechado la progresiva desmemoria nacional sobre la muy importante responsabilidad del Eln y las Farc en la voladura de oleoductos y ha contribuido al anestesiamiento del país frente a los sistemáticos ataques a la infraestructura petrolera y sus muy graves consecuencias.

Antes de que el Gobierno Nacional quiera volver a pasar la página porque ha logrado la respuesta que busca con estas alertas amplificadas en distintos medios, el país podrá recordar las espantosas cifras producto de la sistemática actividad del Eln, contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, y las Farc, contra los oleoductos del sur del país, principalmente, así como la gravedad de los daños causados, buscando así cuidar la memoria y la verdad en riesgo de ser ocultadas o sometidas a exigido olvido. Hasta el año 2015 la Alta Comisaría de la ONU para los Derechos Humanos, la Cidh de la OEA, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación, habían emitido pronunciamientos y actos jurídicos declarando los atentados contra el petróleo como crímenes de guerra ambientales. Sus actuaciones se han sustentado en reconocer la sistematicidad de los atentados y sus costos en vidas humanas -más de 750 personas, incluyendo las 84 vidas sacrificadas en la masacre de Machuca, Segovia- así como el daño provocado por casi cinco millones de barriles de petróleo derramados en ríos que surten de agua a centenares de miles de personas, como ocurrió en el ataque de las Farc contra el Mira, en Tumaco; o en amplias extensiones de tierra que albergaban, hasta recibir el daño, la vida de la rica flora y fauna que tanto apreciamos los colombianos, o los cultivos que ofrecen seguridad alimentaria al país. La lejanía de Arauca, Putumayo, Casanare y Meta, los departamentos más afectados por los derrames, indiscutiblemente incide en la facilidad del olvido.

Para un país necesitado de recursos, como Colombia, el costo del petróleo no producido y los dineros que ha sido necesario invertir en reparación del oleoducto y recuperación de los territorios dañados, representa renunciar a la posibilidad de invertir en desarrollo y bienestar de las comunidades, especialmente de aquellas que dejan de percibir las regalías. Aunado a la inseguridad jurídica derivada de sentencias que limitan las posibilidades de desarrollar proyectos sostenibles y a la persecución de comunidades que se han puesto al servicio del interés de frenar presencias institucionales en zonas ricas en recursos naturales, este terrorismo ha vuelto a espantar a inversionistas que tienen conocimientos, tecnologías y capacidad financiera para acompañar a Colombia a que haya el mejor uso de sus recursos no renovables, como aspiró hacerlo cuando le apostó a la prosperidad minero-energética.

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