Los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, y de Justicia y del Derecho (e), Fabián Marín Cortés, radicaron este miércoles ante el Senado de la República el proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El proyecto, que será tramitado mediante Fast Track, señala que (la JEP) estará sujeta a un régimen legal propio, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica, y administrará justicia de manera transitoria.

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Además, incluirá  las conductas cometidas con anterioridad al 1 de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado.

Según el Gobierno, en estos procesos se tendrá como eje central el derecho a las víctimas. Asimismo, el proyecto establece que para acceder al tratamiento especial previsto en la JEP es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición, por ser éstos compromisos adquiridos en el acuerdo de paz de La Habana.

Las normas procesales de este sistema serán las que regulen la gradualidad de las consecuencias del incumplimiento de cualquiera de las partes, teniendo en cuenta que pueden dar lugar a perder el tratamiento especial de justicia y sus beneficios. En el caso de las Farc, su participación estará condicionada a la dejación de armas.

El proyecto de ley también establece que el Estado debe garantizar la no repetición de los delitos cometidos respecto a la Unión Patriótica, también la inclusión de minorías y la consulta a los pueblos indígenas.

Sobre su entrada en funcionamiento, el proyecto de ley indica que las Salas del Tribunal de JEP y la Unidad de Investigación y Acusación deberán comenzar a operar en los tres meses siguientes a la posesión de los magistrados designados por el Comité de Escogencia para estos cargos.

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Después de su entrada en operación, estos organismos estarán vigentes por los próximos diez años contados a partir de la entrada en funcionamiento de la totalidad de salas y secciones de la JEP y tendrán un plazo posterior de cinco años más para concluir su actividad jurisdiccional.

La iniciativa establece reglas para la aplicación de indultos, amnistías y para el tratamiento penal diferenciado para agentes del Estado.  

Para iniciar el tránsito en el Congreso, falta la designación de los ponentes en las Comisiones Primeras de Senado y Cámara.