Por: Diego Arbeláez Muñoz*

El derecho a la educación, en tono de la Agenda para el Desarrollo Sostenible (Objetivo No. 4), plantea “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”. Desde la perspectiva de un estudiante, lo anterior significa poder ir a la escuela en condiciones de equidad y justicia para desarrollar la mayor cantidad de aprendizajes, con la calidad que se merecen todos los niños y niñas de cualquier parte del planeta, útiles para su vida, con la participación de sus familias, y reconociendo las necesidades y particularidades del contexto.

En este orden de ideas, el boletín de la de ONU de abril de 2015 pone de relieve la esencia de este derecho: “La Unesco, en su calidad de organismo de las Naciones Unidas especializado en la educación, defiende la convicción de que la educación es un derecho humano fundamental indisolublemente ligado al ejercicio de otros derechos. Por lo tanto, es un bien público para todas las personas y es el fundamento para que los seres humanos se realicen como tales y para lograr la paz, el desarrollo sostenible, la igualdad de género y la ciudadanía mundial responsable. La educación, como agente catalizador del desarrollo, contribuye de manera decisiva a reducir la desigualdad y la pobreza. El pleno acceso a la educación de calidad a todos los niveles es una condición esencial para acelerar los avances hacia la consecución de otros objetivos de desarrollo sostenible. En otras palabras, el desarrollo sostenible empieza con la educación”.

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De otro lado, la responsabilidad social empresarial (RSE) se centra en descubrir el valor de la inversión social como conector de la ganancia del desarrollo de las líneas estratégicas de las empresas, y la ganancia de trabajar conjuntamente con el desarrollo sostenible de las comunidades. Esto es lo que ahora se denomina “valor compartido”. 

Todo lo anterior es el ideal esperado: lo que desearíamos comprendieran más ampliamente el sector empresarial y, en especial, la clase política. No obstante, la realidad del país nos presenta retos enormes y la urgencia de apostarle decididamente a cerrar brechas absurdas de injusticia e inequidad. 

De acuerdo con la Segunda encuesta de arquitectura social estratégica de la Andi, las empresas han dado un paso importante en su forma de abordar los temas sociales: han pasado de la simple filantropía a incluir conceptos de inversión social de impacto, valor compartido y responsabilidad social, lo que ha generado una manera más efectiva de contribuir a mejorar el impacto de su inversión. 
La Encuesta revela que el 52% de las empresas no cuentan con un área específica que maneje su estrategia social y que se ha reducido el número de empresas que hacen donaciones: de un 70% en 2015, bajó a un 64% en 2017. Estas donaciones están direccionadas principalmente a educación (53%); ayuda humanitaria (48%); y arte, deporte y cultura (34%). En cuanto a las alianzas, el 58% respondió que realiza alianzas para potenciar su estrategia social, lo que muestra un crecimiento frente a 2015 cuando el 52% reportaba este tipo de esquemas. 

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Un hallazgo preocupante es que, aunque sabemos bien que impulsar transformaciones sociales es un proceso complejo, que suele necesitar una visión y estrategia de largo plazo para generar impactos reales y sostenibles, un muy alto porcentaje de las empresas, el 81% de ellas, planifican sus acciones sociales anualmente. 

De otro lado, asunto igualmente preocupante, el informe señala que el 41% de las empresas no mide ni evalúa sus intervenciones sociales y que en general no evalúan el impacto de las mismas. En cuanto a seguimiento y monitoreo, el 26 % no lo realizan y, todavía más aterrador, al indagar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la mitad de las empresas declaran no conocerlos.

Pero como se trata de proponer y no solo de quejarnos, evidentemente este panorama nos debe animar a desarrollar procesos para el fortalecimiento continuo de capacidades de los actores tanto del sector privado como del público, que den como resultado alianzas público-privadas más efectivas y contundentes. Desde la Fundación Empresarios por la Educación estamos concentrados en ello.

*Asesor en la Fundación Empresarios por la Educación, una organización de la sociedad civil que conecta sueños, proyectos, actores y recursos para contribuir al mejoramiento de la calidad educativa.