Desde que en diciembre el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que doce países latinoamericanos habían recibido sobornos de Odebrecht, el cerco se ha cerrado en Colombia sobre distintos actores de la política, alcanzando al propio presidente Juan Manuel Santos, cuya campaña de 2014 fue mencionada hace una semana por el fiscal Néstor Humberto Martínez, y la de 2010 fue  señalada  esta semana -con hechos concretos-por Roberto Prieto, exdirectivo de la misma.

Prieto confesó la “irregularidad” de haber aceptado que dos millones de afiches fueran pagados con 400.000 dólares de Odebrecht, como medida de choque en momentos en que la campaña de Santos estaba seriamente amenazada por la Ola Verde de Antanas Mockus, a quien las encuestas daban como ganador de la contienda.

Como era de esperarse, Santos ofreció excusas públicamente, declaró no saber nada y pidió a los responsables dar las explicaciones del caso. Sin embargo, lo que esperamos es que la Fiscalía y los organismos de control no tengan reparo frente al poder que representan las personas involucradas en este escándalo, incluido el Presidente de la República, porque no creemos que este sea el capítulo final de las actuaciones irregulares de la campaña de 2010 y menos de la de 2014, en la que lo usual de pagar con recursos públicos los favores políticos se acuñó con la expresión “mermelada” como una realidad irrefutable.