Por razones que no fueron reveladas, el inicio del quinto ciclo de negociaciones entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla del Eln, que estaba previsto para ayer en Quito (Ecuador), fue postergado hasta hoy y con él, aplazado también cualquier pronunciamiento de las partes sobre el futuro del cese bilateral del fuego y las hostilidades, asunto que en los últimos meses se convirtió en el eje del debate público sobre esta negociación, dejando de lado, aparentemente, el propósito último de las conversaciones, que es pactar las condiciones para que ese grupo insurgente se reincorpore a la vida democrática.

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Del Gobierno colombiano se espera que le imprima una nueva dinámica a los diálogos a partir de la renovación, casi por completo, de su equipo negociador. El ex vicepresidente Gustavo Bell Lemus debuta como jefe de una delegación en la que ahora priman los académicos, como es el caso de Angelika  Rettberg y Socorro Ramírez. Son nuevos también en la delegación Alejandro Reyes Lozano, asesor de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, y el general retirado Carlos Rojas. Del equipo anterior permanecen el general en retiro Freddy Padilla de León, el médico psiquiatra Alberto Fergusson y el veterano negociador José Noé Ríos.

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Sorprende que la atención en el reinicio de las conversaciones esté puesta, por cuenta de la prensa nacional y de los influenciadores en las redes sociales, en el asunto del cese del fuego y las hostilidades, cuando el que se pactó a partir del 1ero de octubre de 2017 y acaba de culminar estuvo plagado de incumplimientos, algunos de ellos inicialmente negados y posteriormente aceptados por la guerrilla, entre los cuáles sobresalen dos casos que dejaron catorce muertos: el asesinato, en octubre, del gobernador indígena Aulio Isarama Forastero, en el municipio de Alto Baudó, en el Chocó, y la masacre de trece campesinos en Magüí Payán, Nariño. A esto se suma a una serie de hechos en distintos lugares del país de los cuáles el Mecanismo de Monitoreo y Verificación de la ONU no ha podido dar cuenta, debido a las diferencias que hay entre las partes con respecto a la interpretación de los actos cobijados dentro de los términos del cese y que será, sin duda, el mayor obstáculo a la hora de concertar uno nuevo o una prórroga del que terminó ayer y que había comenzado a regir desde el 1 de octubre pasado.

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Entendemos el afán del Eln por lograr un nuevo cese del fuego pues, como ocurrió ya durante los diálogos del Caguán con las  Farc, son estos períodos de no persecución los que le permiten ponerse en la ruta de aumentar su poder y su dominio territorial, tal como lo está haciendo, en algunos casos confrontando a las disidencias de las Farc y, en otros, agrupándose con ellas.

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En tanto el tiempo que se dilate la discusión de fondo, es decir de la agenda común de negociaciones, puede ser aprovechado por la guerrilla para fortalecer su posición, en el nuevo ciclo de conversaciones la delegación del Gobierno debe tener la entereza de entender que su prioridad no es pactar la prolongación del cese del fuego y las hostilidades, sino que su objetivo esencial es, como anotamos ya, que la guerrilla se incorpore a la vida civil y, si no es posible, que el Estado la combata hasta reducirla para evitar que siga afligiendo al pueblo colombiano.

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Contrario a lo que se argumenta en distintos espacios, que sea electoral el año que está iniciando no debería ser razón para aupar ese nuevo cese, pues las Fuerzas Militares y de Policía no pueden estar maniatadas para defender el libre ejercicio democrático de los colombianos intentando distinguir cuáles son los actores ilegales que debe perseguir y cuáles no, que es lo que sucede cuando se pactan este tipo de no agresiones.

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Con mayor razón el foco del ciclo que hoy comienza no puede ser, insistimos, el de un cortoplacista y mediático resultado sino la agenda pactada y que hasta ahora, al parecer, no despega, mientras el proceso se contamina de la desconfianza que generó el anterior con las Farc, y de las fallas y los vacíos del cese que acaba de concluir. El tiempo siempre jugará a favor del actor ilegal y ello lo sabe bien el Gobierno.