Cerrar el camino a la hidroelectricidad es privar a Colombia de la posibilidad de aprovechar recursos naturales abundantes en pro del desarrollo
Empresas Públicas de Medellín ha logrado resultados importantes en su manejo de la crisis de la central Hidroituango. El más notorio, haber protegido las comunidades y salvado miles de vidas humanas al reaccionar a la amenaza y trabajar, con sus contratistas, para alcanzar la cota 410 de la presa, situación que le da mayor, que no total, control de las aguas del río Cauca. Con estas decisiones se reveló eficiente y pudo mostrar cuán irracional ha sido el catastrofismo de un profesional que no conoce la obra ni la zona, así como del movimiento Ríos Vivos, organización que aprovechó la amenaza para buscar el espacio político que no ha logrado conquistar con sus mentiras contra la hidroelectricidad y, en este caso, contra Hidroituango.
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Dado ese importante paso en defensa de la vida y los habitantes del Cauca, es necesaria la revisión completa de los elementos técnicos y las circunstancias coadyuvantes o agravantes de los derrumbes, sus causas y los impactos que van a tener sobre EPM, la generación eléctrica y las todopoderosas Creg, que pontifica sin acercarse a los proyectos, y Anla, que ha convertido el licenciamiento ambiental en un fardo, no siempre eficiente en el propósito de proteger los territorios y las comunidades, para los proyectos de desarrollo.
Tras tocar la cota 410, y a pesar de haber tenido que sortear nuevos derrumbes que siguen afectando la margen derecha de la central hidroeléctrica, EPM se ha propuesto aumentar la altura de la presa para garantizar la seguridad del territorio. Ello, dentro de su objetivo de terminar y poner en marcha de la central hidroeléctrica que se encuentra avanzada. Este es un camino en el que EPM cuenta con el respaldo de los antioqueños, convencidos como estamos de que es posible llevar este proyecto a buen término y hacerlo, eso sí, comprendiendo qué ocurrió en esta situación y tomando todas las medidas de precaución, así puedan parecer exageradas, para garantizar la seguridad futura del proyecto y de las regiones de su área de influencia.
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En el marco de la información que hasta ahora ha podido entregar, considerando que sus mayores recursos están orientados a atender la emergencia, la empresa entregó el domingo 27 de mayo un nuevo comunicado en respuesta al último derrumbe de la presa. En él anuncia decisiones con la comunidad y técnicas, sobre el manejo del vertedero y acerca de “tapar el túnel de deviación derecho y tapar el sistema auxiliar de desvío”, medidas estas dos últimas que dejan interrogantes sobre las precauciones que se están tomando para garantizar el buen manejo de la presa, la revisión de su estado tras el embalsamiento de emergencia y las alternativas para desaguarla en forma controlada, en caso de que esa sea una medida indicada por los expertos en riesgo.
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Cada vez está más cerca el momento en que se tenga que dar inicio a profundas investigaciones que esclarezcan los hechos que afectaron la central Hidroituango. Los expertos confían en que las actas de obra y otros registros garanticen que se puedan realizar los estudios técnicos requeridos para que se entienda qué pasó, de manera que no se repita, y se definan, si las hubieren, como hemos dicho, las responsabilidades técnicas por lo ocurrido en este proyecto. Fruto de los estudios expertos deben quedar todas las acciones que garanticen la operación segura de la presa en el futuro, considerando las complejidades del invierno.
En el análisis sobre lo ocurrido en Hidroituango, las miradas todas han girado hacia EPM, responsable de la construcción. Pero no se pueden quedar allí. En el análisis del proceso de construcción de la central, y de establecer las responsabilidades de EPM en la entrega oportuna de energía al país es preciso que se hagan minuciosos exámenes que expliquen cuáles han sido los impactos por el proyecto por las demoras de las entidades del orden nacional, en especial la Anla, para conceder las licencias ambientales que el país necesita. Estas consideraciones habrán de pesar a la hora de la Creg determinar responsabilidades por el cumplimiento de los compromisos de la subasta eléctrica.
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Con estas dificultades de Hidroituango, los enemigos de la energía hidroeléctrica le apuntan a una ocasión para combatir el futuro desarrollo de proyectos de generación hidroeléctrica. Cerrar el camino a la hidroelectricidad es privar a Colombia de la posibilidad de aprovechar recursos naturales abundantes en pro del desarrollo y es negar a empresas nacionales orgullo de todos, como EPM, la posibilidad de seguir desarrollando su conocimiento y de generar más y mejor energía para colombianos y americanos en el país y en otras naciones del continente donde pudiera desplegar sus capacidades de generación.