Las sanciones que impuso la ONU fueron en respuesta al primer misil balístico intercontinental (Icbm) que lanzó en su historia Corea del Norte el pasado 4 de julio, seguido de un segundo proyectil de este tipo disparado el 28 de julio.
Corea del Norte dijo este martes que tanto China y Rusia, dos de sus socios cercanos, y el resto de países que han apoyado las últimas sanciones de la ONU contra el régimen de los Kim por sus ensayos de misiles deberían "sentir vergüenza" y "pagar caro" por ello.
En un texto publicado este martes por la agencia estatal de noticias Kcna, el régimen recuerda que el presidente estadounidense, Donald Trump, al que considera el principal impulsor de las sanciones, "extendió su agradecimiento a China y Rusia por cooperar en la adopción de la resolución".
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Los países que apoyaron las sanciones, opina Pyongyang en el texto, lo han hecho "tras dejar atrás su credo, su conciencia y obligaciones y deberían sentir vergüenza ante la conciencia del mundo, reflexionar profundamente sobre sus errores ante la severa corte de la historia y de la humanidad y pagar caro por ello".
El documento también acusa a los quince países que apoyaron unánimemente el castigo de "estar asustados por las amenazas de sanciones de Estados Unidos".
No es habitual que Corea del Norte se dirija con tanta dureza a China y Rusia, ambos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU con derecho de veto pero que al igual que los otros trece miembros del órgano dieron su visto bueno el pasado sábado a las nuevas sanciones.
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El comentario parece reflejar el deterioro de Pyongyang con su entorno más cercano ante la escalada de sus pruebas de armas y también su enojo por la dureza de este nuevo castigo de la ONU.
La nueva resolución aprobada el sábado reduce hasta en US$1.000 millones al año los ingresos que el régimen de Pyongyang obtiene con sus exportaciones.
El texto incluye el veto a las exportaciones de carbón de Corea del Norte, que le supondrán al país una pérdida de US$401 millones al año; de hierro (US$250 millones); plomo (US$110 millones) y mariscos (US$300 millones), entre otras medidas contra empresas y entidades que apoyen los programas armamentísticos del país.