El depuesto presidente del Gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, no tiene intención de acudir este jueves a la cita con la Justicia española para declarar por la querella de la Fiscalía, que le acusa de los delitos de rebelión, sedición y malversación.

Las mismas acusaciones pesan para el resto de exintegrantes de ese Gobierno regional, cuatro de los cuales tampoco están dispuestos a acudir a la Audiencia Nacional de España, mientras que los seis integrantes de la Mesa del Parlamento autonómico reclamados sí comparecerán por su parte en el Tribunal Supremo, por una querella en los mismos términos.

El 27 de octubre el Parlamento regional aprobó una declaración de independencia ilegal y, ese mismo día, previa autorización del Senado, el Ejecutivo español cesó a los gobernantes catalanes, disolvió la Cámara autonómica y convocó elecciones en esa comunidad para el 21 de diciembre.

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La Fiscalía General del Estado presentó el lunes pasado querellas contra esos líderes secesionistas y una jueza de la Audiencia Nacional convocó para mañana a los integrantes del "Govern" y otro del Supremo a los de la Mesa del Parlamento, ya que éstos últimos gozan de un tipo de fuero especial por ser todavía diputados.

Entre los catorce miembros del destituido Gobierno catalán, Puigdemont y cuatro exconsejeros permanecían en Bruselas, adonde viajaron el lunes, y no tienen intención de presentarse ante la jueza Carmen Lamela, que instruye la causa.

El abogado belga del expresidente regional catalán, Paul Bekaert, planteó que su cliente declare en Bélgica, por considerar que en España carece de "garantías jurídicas", motivo por el que no tiene intención de presentarse en Madrid. La confirmación de esa ausencia podría llevar a la jueza Lamela a enviar una orden europea de detención a la justicia belga contra Puigdemont.

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El expresidente catalán publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que se limitaba a afirmar que sigue trabajando pese a "amenazas pasadas y presentes", sin pronunciarse acerca de la cita judicial. Mientras, el exvicepresidente Oriol Junqueras y el resto de los exconsejeros recibieron este miércoles las citaciones judiciales. Para todos ellos la Fiscalía baraja pedir prisión incondicional ante el riesgo de fuga, dada la gravedad de las penas (hasta 30 años de cárcel por rebelión), y de reiteración delictiva.

En cuanto a la Mesa del Parlamento catalán, los seis integrantes querellados acudirán este jueves al Tribunal Supremo español para declarar por la querella de la Fiscalía, como confirmó a los periodistas uno de ellos, Joan Josep Nuet, así como el abogado Andreu Van den Eynde, que defiende a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell.

Van den Eynde manifestó que su defendida acudirá a la citación "con el convencimiento de que su labor ha sido siempre respetuosa con los principios democráticos y la defensa de la institución parlamentaria".

"Estamos convencidos de que tienen que triunfar en ese procedimiento", según Van den Eynde, para quien la premura con la que se hace la citación (se conoció la víspera) tiene como efectos jurídicos la "indefensión". La actitud de Puigdemont, que este martes compareció ante la prensa internacional en Bruselas, fue criticada este miércoles por los principales partidos españoles.

El portavoz de la Ejecutiva del PSOE (socialistas), Óscar Puente, pidió a Puigdemont que "deje de dar ya este espectáculo" que daña "innecesariamente a la imagen de España, un país que respeta los derechos humanos" y que tiene "separación de poderes".

Además, la portavoz de Cataluña en Común (izquierda), Elisenda Alamany, criticó en una radio local las "idas y venidas" de Puigdemont, que calificó de "incomprensibles", a la vez que lamentó que no es la imagen que se merece Cataluña en el mundo.