El proyecto de ley de Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales es una iniciativa del Gobierno que aún se está socializando, y tiene como fin cumplir el punto 1 de los Acuerdos de La Habana referido a la Reforma Rural Integral. Sin embargo, ha sido recibido mayoritariamente con preocupación y hasta con críticas severas por parte de los gremios productivos del país.

Hasta donde se conoce el borrador de la ley, en él se destaca un nuevo enfoque de intervención en el territorio, una nueva institucionalidad, que supera las dificultades de aplicación que evidenció la Ley 160 de 1994, que creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural.

Entre las novedades está que la Agencia Nacional de Tierras (ANT), encargada de aplicarlo, trabajaría con la metodología de barrido predial que permitiría verificar situaciones jurídicas y materiales de los predios sujetos a ordenamiento social uno a uno, lo que, en teoría, garantizaría los derechos adquiridos y la propiedad privada.

Además, se generaría el Registro de Sujetos de Ordenamiento que priorizaría a beneficiarios que tengan un patrimonio inferior a 100 salarios mínimos y se crearía la figura de la Unidad de Producción Rural, con el fin de legalizar la situación de quienes están ocupando baldíos en extensiones superiores a la Unidades Agrícolas Familiares (UAF) y que no necesariamente cumplen con los requisitos de la Ley 160 para recibir el título del baldío.

Según Miguel Samper Strouss, director general de la ANT, este proyecto nació debido a que no hay igualdad de oportunidades para los campesinos más vulnerables. “En Colombia, unos 800.000 hogares rurales no tienen tierra bajo ningún concepto. Eso representa el 53% de quienes se dedican a actividades agropecuarias”.

El proyecto, sostiene el directivo, soluciona tres problemáticas graves que impiden el progreso y desarrollo del campo, como lo son la falta de acceso equitativo a la tierra, la inseguridad jurídica en su tenencia y ausencia de celeridad en los trámites, “lo cual implica altos costos para el Estado y que no haya una respuesta pronta para los campesinos. Actualmente, la adjudicación de un baldío puede tardar hasta catorce años”.

Dice Samper Strouss que el índice de informalidad en la tenencia de tierras en la ruralidad es del 60%, esto significa que no tienen título de propiedad. “El título es esa cédula del predio que, al igual que en el caso de un ciudadano, permite identificarse, votar, tener seguridad social, ser atendido por el médico; el título facilita el acceso a créditos, capital semilla, proyectos productivos, resuelve y evita los conflictos que haya sobre el predio”, es decir, otorga seguridad jurídica.

El proyecto aún se encuentra en su fase de socialización y, al finalizar, el Gobierno ha dicho que se recogerán todas las observaciones de los diferentes sectores y el texto definitivo se presentará en consulta previa, en la cual participarían también las comunidades indígenas, afrodescendientes y gitanos.

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Sus mayores críticos
Una de las grandes críticas al proyecto la hace José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), quien explicó que son 166 artículos que prácticamente darían un viraje total de lo que ha sido la arquitectura jurídica de la tierra durante más de 100 años en el país. “Esto no solamente va a traer graves consecuencias como resultado de la inseguridad jurídica, sino que, al mismo tiempo, va a traer nuevos elementos de conflictividad con el tema del acceso a la tierra en Colombia”.

Asimismo, Lafaurie Rivera hizo un análisis y comparó el proyecto de ley que expidió el fallecido presidente Hugo Chávez en Venezuela en el 2010 y encontró que “el Gobierno también tiene una especie de autorización habilitante a través de las facultades que le concede el Congreso, por consiguiente hay una serie de elementos críticos que pondrían en riesgo la propiedad privada”.

El federativo puso como ejemplo el Artículo 4, que “en el primer punto expone el principio del interés general y afirma que la propiedad de la tierra incluso podría verse amenazada cuando se trate del goce colectivo sobre esta”, y agregó que esto modificaría sustancialmente todo lo que ha sido el orden constitucional y legal, “porque el interés general se entiende cuando va a pasar una vía, pero no se podría pensar cuando perturba la propiedad privada simplemente para ampliarle la propiedad colectiva a un tercero”, y en el punto 11 de ese mismo Artículo 4 acerca de la seguridad jurídica sobre la tierra, evidencia otra preocupación “cuando señala, por ejemplo, que tiene que haber plena identidad en el catastro y en el registro. Hay fincas que tienen tradición de 100 años y muy seguramente los linderos no son coincidentes con la información catastral ¿De cuándo acá el catastro tiene igual valor desde el punto de vista jurídico que el registro?”, dijo Lafaurie Rivera y añadió que en Colombia rige el derecho civil, el cual señala que el registro público de la propiedad es lo que otorga derechos sobre la propiedad.

En complemento, Hernando Escobar Isaza, abogado ambiental y minero, manifestó que  hay una tendencia de asignación de baldíos a la gente como si fuera por capitación, es decir, que a cada persona le deben dar su cuadro de tierra, pero no hay ninguna preocupación sobre “cómo se va a reactivar la producción agrícola del país para que realmente se generen ingresos y bienestar”.

Campesinos inconformes
Por su parte, Eberto Díaz Montes, presidente nacional de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) expuso que ve con preocupación este proyecto debido a que no ha habido la debida concertación para su elaboración con el campesinado y tampoco encontró que haya una propuesta unificada entre el Gobierno, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el movimiento campesino, “para que tenga una mayor aceptación y esté en concordancia con las necesidades y exigencias”.

Además, reparó que el proyecto no afecta la estructura esencial de la propiedad de la tierra en su normatividad. “Hay 38,7 millones de hectáreas de ganadería extensiva y esa tierra no se va a tocar, el proyecto busca formalización de siete millones de hectáreas de tierra y tres millones de hectáreas gratuitas para los campesinos, hasta allí está bien pero realmente las siete millones de hectáreas son tierras que ya tienen los campesinos o son tierras baldías, algunas de las cuales ya están en manos de ellos”.

Sin embargo, aclaró que no se refiere a una expropiación generalizada, sino a aquellos propietarios que demuestren que no están dándole un uso ambiental o social a la propiedad de la tierra.
A su vez, el presidente de Fensuagro indicó que en este momento se está tratando de salir de la violencia histórica, la cual ha tenido como raíz el tema de la concentración de la tierra, teniendo en cuenta que otra de sus preocupaciones es que se presente un conflicto social. “Si esa temática no se resuelve va a ser difícil la estabilidad de la paz y, seguramente, podría generarse un conflicto social porque los campesinos van a tener que reorganizarse nacionalmente para exigir ese derecho fundamental a la tierra. El campesino es como un obrero ya que su herramienta fundamental es la tierra y si no la tienen estaría sin instrumento para trabajar”.

Guillermo Rivera Zapata, presidente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro), recordó que hace 20 años hubo obreros jornaleros que trabajaron en una finca y con su liquidación compraron unas hectáreas de tierra y se las pagaron al propietario. “El propietario, simplemente, les dio un documento de compraventa porque en ese momento las tierras no estaban legalizadas. Hoy ese propietario podría venir a reclamarles a esos obreros ese pedazo de tierra”, situación que podría encender un nuevo conflicto social. Por lo tanto, recomendó que el Gobierno abra una investigación sobre los diferentes casos de expropiaciones.

Los que aportaron recomendaciones
El Consejo Gremial Nacional y sus afiliados, entre ellos la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), hizo un análisis extenso del proyecto, además, ha estado presente en cada una de las jornadas de diálogo con el Gobierno.

Jorge Bedoya Vizcaya, presidente de la SAC, sostuvo que se han hecho observaciones muy específicas sobre asuntos que han generado preocupación y, por ello, han aportado propuestas de textos para modificar artículos específicos. “Hablamos de temas como las funciones jurisdiccionales que se le pretende dar a la Agencia Nacional de Tierras, la no retroactividad de la ley 160 de 1994, la acumulación indebida de las UAF, las zonas de reserva campesina, la expropiación de predios, son algunos de los elementos sobre los cuales hemos emitido conceptos y estamos intercambiando la posición del sector agro-empresarial del país para que este proyecto contribuya a un mejor desarrollo del campo colombiano” precisó el directivo gremial.

A su vez, Rafael Hernández Lozano, presidente de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), comentó que la máxima preocupación que tenían era la expropiación por vía administrativa, “porque se estaría vulnerando el estado de derecho y muchas otras cosas cuando queda a la decisión de un funcionario administrativo si le expropian o no la tierra a algún productor o a algún ganadero”.

Sin embargo, confirmó que ese tema ya no está incluido en el proyecto de ley. “Por ese lado lo celebramos porque estaba creando inseguridad en la propiedad, en la inversión de los productores”, ya que si la tierra se declara de interés público, entonces sería expropiada no por intermedio de un juez sino por un funcionario, precisó.

En concordancia con Escobar Isaza, el presidente de Fedearroz expuso que las decisiones que se tomen deben ir acompañadas de un proyecto productivo realizable más allá del papel, es decir “que tenga infraestructura y la forma de llevarlo a cabo, o si no terminamos con una Reforma Agraria similar a la de los años 60 donde se repartía la tierra y los únicos que las tienen hoy en día son aquellos que les dieron tierras con posibilidades de ser productivas. En este momento adecuar una hectárea de tierra en el Vichada o en la Altillanura vale entre $4’000.000 y $6’000.000 ”, por lo que en ese punto observa una gran preocupación para un productor o campesino.

En declaraciones dadas a una emisora radial, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), señaló que se está construyendo un ambiente de paz, nueva realidad económica y una nueva realidad jurídica, por lo que es esencial que todas las partes queden tranquilas con este proyecto. “Quisiera ver los textos finales y exactamente de qué estamos hablando porque aquí no nos podemos equivocar, es de verdad una jugada demasiado importante en la historia de la tierra en Colombia como para que nos vayamos a apresurar”, concluyó.

El presidente del Consejo Gremial Nacional (CGN), Santiago Castro Gómez, coincidió con Mac Master y explicó que es necesario aceptar que por parte del Gobierno ha habido una apertura, “pero queremos que esa apertura no sólo sea para recibir nuestros comentarios sino para realmente incorporarlos”.

El Gobierno responde
“Es falso que nos estemos copiando de Venezuela”, fue la categórica respuesta del ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia, a las críticas más fuertes que se han hecho en contra del proyecto de ley.

Al respecto, el director general de la ANT señaló que, al actualizar la normatividad, se incluyen herramientas novedosas que permitirían bajar los costos de la titulación, reducir los trámites de 52 a uno y se cambia la forma en la que opera el Estado, es decir, ofertar los servicios en el territorio, tomando las decisiones en terreno, sin esperar que el campesino vaya a tocar la puerta de las instituciones. “Esto de por sí genera una revolución en la administración de la tierra y en la forma de garantizar los derechos de los campesinos” concluyó.

Iragorri Valencia aclaró que el proyecto es integral porque beneficia no solamente a los campesinos sino también a indígenas, afrodescendientes, agroindustriales y finqueros con el fin de que tengan las escrituras de sus predios. “¿Cómo lo vamos a hacer? No es a través de la expropiación ni de la extinción de dominio, es a través de la creación del Fondo Nacional de Tierras, contemplado en los acuerdos de paz, formalizando los baldíos ocupados hoy”, dijo el ministro.

En lo referente al Artículo 88 y la posible afectación de la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad privada por medio de la expropiación y extinción de dominio que habría, apuntó que “no vamos ni a negociar ni a pasar ninguno de esos puntos rojos, vamos a respetar la propiedad privada y a formalizar las tierras a las que la gente no ha podido acceder”.

El tema de la expropiación o extinción de dominio está vigente, hace parte de la Constitución Política y de la Ley, y lo que están revisando el MinAgricultura y la ANT es la actualización de las herramientas jurídicas para que se generen las garantías y así poner a producir las tierras ociosas, agregó el jefe de cartera agropecuaria.

Por otro lado, el viceministro de Desarrollo Rural, Juan Pablo Díaz Granados, desmintió una serie de creencias. Precisó que “la expropiación por causales atenientes al cumplimiento de los acuerdos en la Habana no está contemplada en el proyecto como algunos han querido difundir para generar un manto de dudas y polarizar más a la opinión pública y al país”.

Díaz Granados puntualizó que se espera que se lleve a cabo la consulta previa “con las comunidades indígenas, afrodescendientes y los gitanos”, procesos a solicitud que deberían iniciarse desde este lunes 8 de mayo.

Habrá que esperar entonces si el nuevo proyecto de ley será o no una vía de solución al tema agrario del país que podría resumir su drama en una cifra: De las 47 millones de hectáreas aptas para la agricultura, ganadería y reforestación, sólo 7,1 millones están sembradas.