En segundo debate el Concejo de Medellín aprobó el proyecto de Acuerdo (PA) 055 de 2016, el cual modifica el 43 de 2007, ambos sobre el Sistema Municipal de Planeación (SMP) y, por ende, el Presupuesto Participativo. Desde el momento en que el alcalde Federico Gutiérrez anunció que propondría este cambió en términos de la destinación de recursos para diversos proyectos de la ciudad, se generaron diversas dudas en torno a cómo iba a funcionar de manera efectiva, teniendo en cuenta que el mecanismo vigente data de los años 90.

Ahora y después de una votación de 19 concejales a favor y solo una en contra, se plantea la inquietud sobre cuál es el paso a seguir, cuándo se conocerá el compilado del proyecto aprobado y qué deben esperar las comunidades que antes elegían tres proyectos y votaban por delegados que los defendían ante la administración municipal.

Lo que pasó antes
Si bien hasta el cierre de esta edición no se conocía el documento final del proyecto de Acuerdo 055 de 2016 ya aprobado, el mismo fue socializado y discutido durante 2016 y los primeros meses de 2017, en los que agrupaciones como el Consejo Territorial de Planeación de Medellín (CTP), emitió un concepto sobre la propuesta del mismo. En el escrito, el CTP identifica falencias que dejarían baches en cada una de las 16 comunas y los cinco corregimientos de la ciudad.

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El documento argumenta que en la modificación que proponía hacer, “se observa que el SMP está muy inclinado al campo institucional e instrumental, la ciudad tiene un proceso histórico de planeación participativa y en el Acuerdo, este elemento y la escala local quedan con muy poca importancia”, detalla la misiva que tenía como destinatario al alcalde de Medellín.
El CTP exaltó en ese entonces que su opinión se emitía en representación de la sociedad civil  y que recomendaba “de manera propositiva, que hasta tanto no se realicen los ajustes pertinentes, este anteproyecto de Acuerdo no sea radicado al Concejo de Medellín para garantizar una mejor discusión”, subrayó la agrupación de ciudadanos. 

El mencionado documento del CTP, fechado en octubre de 2016, da a conocer que ese grupo de líderes de diversos sectores como la educación, el comercio y los sindicatos de la ciudad, realizó diversos encuentros para hablar del proyecto de acuerdo y escuchar ideas que ayudaran a mejorarlo.

“Las Juntas Administradoras Locales (JAL), Juntas de Acción Comunal (JAC), el Consejo Municipal de Participación Ciudadana (Cmpc), ONG Sociales y el Comité Municipal de Planeación Local y Presupuesto Participativo (Cmpp), se reunieron con el CTP durante el 25 y el 27 de octubre para dar sus aportes frente a este documento. Estas reflexiones quedan expuestas en este concepto entregado el día de hoy y que la Administración deberá revisar para decidir si se realizan ajustes dentro del documento original para radicarlo ante en Concejo de Medellín”, manifestaba el escrito. 

No obstante, el proyecto continuó hasta ser aprobado en la tarde del sábado 22 de abril.  La principal preocupación de líderes comunitarios y detractores de este Acuerdo es el poder que se le da al mandatario local de elegir en qué se invertirá el 5%, que corresponde al presupuesto de la ciudad que se puede destinar a la priorización de proyectos en las comunas de Medellín, de acuerdo a sus necesidades.

Lo que se aprobó
La concejal Luz María Múnera, única en votar en contra en ese debate, explicó que “como quedó el acuerdo según lo que ellos están planteando, tenemos un alcalde que a través de un decreto reglamentará el presupuesto participativo (PP). La seguridad jurídica que le daba a la ciudad que el PP hiciera parte como instrumento de todo un sistema y desde ahí se planteara toda la posibilidad de que las comunidades discutieran de manera asertiva cuáles eran sus necesidades y priorizaran ese 5 % , se pierde con el decreto”, manifestó la cabildante.
Múnera agregó que hay que aclarar lo que le permite al alcalde reglamentar el Presupuesto Participativo por medio de un decreto, pues de esa manera no necesita aprobación de los concejales. “No hay que olvidar que un Acuerdo es un documento que para cambiarlo debe venir al Concejo y al debate de la ciudad, mientras que un decreto es un documento que un alcalde puede sacar o derogar en el momento en que le parezca”, resaltó la concejal. 
Darle esa facultad a la Alcaldía significa, para ella, afectar la participación de los ciudadanos en los barrios de Medellín y dejar todo en manos del mismo sin un ejercicio democrático.

¿Se perdió participación ciudadana?
“Medellín tenía durante más de 15 años un sistema de planeación para la ciudad con un subsistema de participación ciudadana, dentro de eso teníamos una herramienta que era el Presupuesto Participativo, como queda el Acuerdo 55 de 2016, el sistema participativo se pierde. La pregunta de la comunidad a lo que la Administración plantea de manera clara, es que no existe todavía el sistema, no hay borrador sobre él”, especificó la concejal Luz María Múnera, para dar a conocer que con el nuevo Acuerdo todavía hay aspectos inconclusos.
 Al respecto, la concejal del equipo ponente, Daniela Maturana, opinó que quienes no están de acuerdo les cuesta el cambio de un sistema que no estaba acorde al hoy de la ciudad, a la modernización y las leyes vigentes sobre el tema de planeación local.

Uno de los principales argumentos de defensa de esta modificación es que había un atraso, pues el sistema llevaba más de 20 años, además de que “una de las problemáticas que tenemos en la ciudad en Presupuesto Participativo es que se desligó de un momento a otro de lo que significa la planeación local, con este proyecto de Acuerdo se quiere resignificar ambas cosas”, dijo la concejal Maturana. 

Otra de las razones por las cuales debía haber un cambio, según esta cabildante, es que se podría dar más participación al ciudadano “de a pie” y no sólo a los líderes comunitarios, que sin demeritar su trabajo como voceros en las comunidades de Medellín, “se quiere que las personas en la comunas identifiquen cuáles son las problemáticas, necesidades y prioridades, que hagan un diagnóstico participativo  con toda la comunidad, no solo unos cuantos líderes, para que esos recursos vayan a satisfacer lo que la comunidad identificó”, puntualizó Maturana. Así el panorama, una de las partes considera haber ganado mayor participación de todos los ciudadanos, mientras que la otra critica el poder dado al alcalde de Medellín y la poca consciencia de las personas por lo importante para su territorio.

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La Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín pidió en marzo al alcalde retirar la propuesta y mostró las falencias de las modificaciones planteadas. Fernando Valencia, uno de sus integrantes, expresó que para poder dimensionar lo que se aprobó, es necesario revisar el documento final, pues hasta ahora no se ha hecho público. 
“Aquí hay  un problema muy grande,  una cosa es la que dice en la presentación del tema, lo que dice el alcalde, el secretario de Planeación y Participación, los concejales, pero otra cosa es lo que dice el texto”, opinó Valencia, director regional de la Corporación Viva la Ciudadanía e integrante de esta Veeduría ciudadana.

Por tanto Valencia prefirió pronunciarse solo frente al tema del proceso, en el que hubo varias inconformidades, por lo que esta entidad como grupo que realiza control ciudadano a las políticas públicas, debía intervenir. “Especulación” es como denomina hablar ahora, desconociendo el documento, pero aclara que siempre se tuvieron puntos álgidos. “Tenemos dos cosas en las que hemos tenido mucha tensión, una de ellas es las facultades que le dan al alcalde para definir el tema de Presupuesto Participativo, nosotros decimos: está bien que él lo reglamente, pero no puede ser que usted le entregue al alcalde la facultad de hacerlo de manera unilateral, desconectada”, manifestó Valencia. 

Según él, a lo anterior se suma la segunda razón de desacuerdo, y es “la de los Planes de Desarrollo, nosotros decimos que hay que aprovechar esta oportunidad para que los planes locales tengan algún efecto vinculante en la construcción del plan municipal de desarrollo, y ellos dicen que sí, que eso está, pero cuando uno lo lee, tampoco encuentra eso”, sostuvo el ciudadano.
Otra perpectiva de desacuerdo la tienen los líderes comunitarios, quienes critican que ahora no priorizarían recursos por medio de la elección de proyecto y, a su vez, de delegado por los que la comunidada votaba para que los defendiera ante al Administración Local.

Al respecto, Benoni Jiménez Fonnegra,  presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Los Álamos (Comuna 4) y presidente de Asocomunal Aranjuez, expresó que darle el poder al alcalde le resta participación a las comunidades, puesto que entre la diversidad de ideas de cada mandatario local, variaría en gran medida las condiciones en el periodo de elección. 
El líder comunitario fue enfático en que no ve progreso en la participación, sino por el contrario retroceso y que no le queda claro cómo será la participación de los ciudadanos. “Entonces ahora ¿cómo va a participar la comunidad? O el alcalde va a decir  ‘solo se van a ejecutar estos proyectos que están de acuerdo al Plan de Desarrollo que yo planteé y radiqué cuando fui elegido’. ¿Los ciudadanos qué ejercicio democrático tienen ahí? ¿No es primero conocer los Planes de Desarrollo?”, cuestionó Benoni Jiménez. 

En ese orden de ideas, la concejal Luz María Múnera no considera que haya un progreso, pues quienes defienden el proyecto “ostentan de que van a sacar cosas en internet, para que puedas entrar a un link y votar. No se amplía la participación ciudadana, es un concepto que cierra la posibilidad de que las comunidades discutan y debatan alrededor de lo que es su futuro y de lo que son sus proyectos. Del lado contario, la concejal Daniela Maturana dijo que el mecanismo de participación “lo definirá cada comuna, esto es lo que el alcalde va a reglamentar, pero lo que sí quieren es que lo identifique cada una, pues no en todas funciona igual”.