"No podemos enseñar que matar está mal si lo hacemos matando a aquellos que matan", dijo el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas, el arzobispo Socrates Villegas, a los asistentes, según un comunicado.

"Los criminales tienen que ser arrestados, acusados, condenados y encarcelados para que se puedan corregir. Su delito tiene que probarse en un tribunal de justicia, no mediante la ley de la pistola", indicó Villegas.

El arzobispo de Manila, Luis Antonio Tagle, también abundó en este pensamiento. "No podemos detener la violencia con violencia. Duplicamos la violencia", dijo.

Unas 50.000 personas, según los organizadores, el grupo Sangguniang Laiko ng Pilipinas, y 10.000, según la Policía, se reunieron durante más de tres horas en el Parque de Rizal, en el casco antiguo manileño, para participar en la llamada Marcha por la vida.

Villegas les instó a rechazar otros pecados contra la vida, como el aborto, las drogas, la corrupción o la blasfemia y les pidió que no vivan sometidos al terror, aunque estén rodeados de violencia y de intentos de reinstaurar la pena capital, porque "el sol volverá a salir".

"Hay esperanza. No tengáis miedo de la oscuridad. Nunca viváis en el miedo", resaltó el arzobispo.

"La Marcha por la vida no es una protesta sino una afirmación de lo sagrado de la vida humana, que proviene de Dios. Esta Marcha por la vida es Marcha por Dios", añadió Villegas.

Más de 7.000 supuestos drogadictos y narcotraficantes han muerto en la campaña contra las drogas que lanzó Duterte el mismo día de su investidura, el 30 de junio de 2016. De ese número, alrededor de 2.500 muertes ocurrieron en operaciones policiales y el resto a manos de grupos civiles que se tomaron la justicia por su cuenta.

Amnistía Internacional denunció a principios de febrero que se habían cometido "crímenes contra la Humanidad" durante la guerra contra las drogas, además de encubrir asesinatos a sueldo, falseo de atestados y robos perpetrados por policías.

La campaña se halla en este momento suspendida para "limpiar" la Policía de agentes corruptos, pero el jefe de Estado ha expresado su intención de reanudarla cuanto antes y prolongarla hasta el fin de su mandato único de seis años, en 2022.

Duterte, fiel a su polémica personalidad, no ha dudado en arremeter contra la posición de la Iglesia católica filipina e incluso llamar "hijos de puta" a sus obispos, el pasado 19 de enero.

"Vosotros, católicos, si queréis creer en esos sacerdotes y obispos, quedaros con ellos. Si queréis ir al cielo, quedaros con ellos. Ahora, el resto, los que quieran erradicar las drogas, que se vengan conmigo, aunque yo vaya al infierno", dijo el mandatario el 5 de febrero.

El 86 por ciento de los 100 millones de habitantes de Filipinas pertenece a la Iglesia católica, número que le concede una gran influencia en el país.

La Iglesia católica filipina comandada por el cardinal Jaime Sin (1928-2005) fue un instrumento fundamental en la revuelta popular pacífica que derribó al régimen del presidente Ferdinand Marcos en 1986 y en el movimiento que destituyó al presidente Joseph Estrada en 2001.