En el 2014 fue creado por el Gobierno el programa Ser pilo paga, con la intención de que más estudiantes con altos puntajes en las Pruebas Saber 11, pero con bajos recursos económicos, tuvieran acceso a la educación superior de calidad. Según la evaluación que hacen sus creadores, este ha sido un programa exitoso que debe ser sostenido por los futuros gobernantes. Sin embargo, expertos e integrantes de las comunidades educativas no comparten necesariamente estas visiones.

La permenencia del programa es lo que quiere garantizar el presidente Juan Manuel Santos al proponer convertirlo en política de Estado.

Lo cierto es que, desde sus comienzos, el programa ha animado tanto críticas como elogios. La manzana de la discordia parece estar en que los dineros públicos del Ministerio vayan a parar al presupuesto en las universidades privadas, ya que, según cifras dadas por el presidente, en la actualidad el 82% de los ‘pilos’ está en las universidades privadas, mientras que sólo el 18% se está formando en la educación pública.

La buena acogida del programa está respaldada en los más de 30.500 estudiantes que han sido beneficiados, no sólo con el pago de sus matrículas, sino también con la entrega de apoyo económico para su sostenimiento.

Según Carlos Arturo Soto Lombana, profesor de la Universidad de Antioquia y ex decano de la Facultad de Educación de la misma institución, “en cuanto al impacto social del programa, no hay ningún tipo de cuestionamiento, pues es una discriminación positiva para ayudar a las personas que, si no tienen una subvención del Estado, no van a poder ingresar a una educación de calidad. El cuestionamiento está en que el programa aparece en un momento poco oportuno debido a que la situación financiera de las universidades públicas es muy crítica. Entonces, el Gobierno debería asegurar primero la estabilidad financiera de las universidades, para que ellas puedan garantizar una educación de calidad con mayor cobertura”.

En cuanto inversión, el Ministerio de Educación no reveló la cifra exacta del costo de este proyecto. En la primera convocatoria del programa, esta cartera informó que se dispondrían de $155.000 millones y se han hecho dos convocatorias más, por lo que, de contar con la misma cifra, la inversión total de Ser pilo paga estaría ascendiendo a $465.000 millones, dinero que en la mayoría de los casos ha financiado carreras en universidades privadas.

Isabela Morales, estudiante de quinto semestre de Comunicación Social-periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana, es de El Carmen de Atrato, Chocó, y gracias al programa está estudiando la carrera que siempre quiso en Medellín. 

“A mí me parece muy buena idea que se vuelva una política de Estado porque permite que personas que no tenían la oportunidad de estudiar en una universidad lo hagan y más con el subsidio de sostenimiento, que es muy beneficioso. Entonces me parece muy bueno que no sea solo para los jóvenes que se gradúan mientras Santos está en la presidencia sino que sea para la posteridad”, comentó la estudiante, quien agregó que es cierto que habría que hacer ajustes para que los giros de mantenimiento no lleguen con retrasos, especialmente al inicio del semestre.

Obdulio Velásquez, rector de la Universidad de La Sabana en la que estudian alrededor de 1.400 ‘pilos’, defendió que un programa que definitivamente debe trascender después de este Gobierno  porque “es claro que es una política pública buena, porque decir que 30.000 jóvenes se formaron en este cuatrienio en la educación superior de alta calidad, siendo de los más pobres de Colombia y con un costo cercano a los $500.000 millones de pesos es dinero invertido de la mejor forma. Ese es el costo de un puente o de unos cuantos kilómetros de carretera, pero aquí se está rompiendo el círculo de la pobreza de 30.000 familias.Esos jóvenes, que no tenían ni la ilusión de entrar a la educación superior de calidad, dentro de seis años serán contribuyentes que pagarán impuestos. Si no hubieran ingresado a la educación superior seguirían siendo personas pobres, que no aportarían al fisco. Seguro que el Estado va a recuperar a mediano y a largo plazo ese dinero”.

Velásquez señaló que, en su opinión, “la problemática detrás es que se necesitan más recursos para la educación pública y nadie está diciendo que no sea cierto. Entonces es un problema de plata y no del programa”.

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Por su parte, Mauricio Alviar, rector de la Universidad de Antioquia, donde hay 220 estudiantes beneficiados con el programa, consideró que al programa hay que hacerle ajustes para que haya un equilibrio entre las universidades privadas y las públicas.

“Los rectores de las instituciones públicas le manifestamos al Presidente que hemos sido muy poco beneficiados del programa. No es lo mismo en una universidad privada que reciben un dinero de matrícula para un programa y una universidad pública con el mismo programa, de igual o mejor calidad, que puede recibir tres veces menos de ese valor por estudiante. El equilibrio que reclamamos no es tanto en el número de ‘pilos’ sino en el valor que se reconoce por cada uno a las universidades.Los rectores de las universidades públicas consideramos que el programa Ser pilo paga debe tener una fuente específica de financiamiento que no sacrifiquen los recursos, que las universidades públicas tengan un mayor financiamiento por la vía del presupuesto nacional”, aseguró Alviar.

Una política de estado

La figura de la política de Estado ha sido cuestionada como forma de garantizar que Ser pilo paga se mantenga en el tiempo.

Rodolfo Arango, doctor en Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho, señaló que esta política no obedecería los mandatos de la Constitución, pero puede que se apruebe porque “en Colombia todo es posible. Si se lo proponen y lo formulan a nivel constitucional, podría ser una política de Estado. El problema es que pareciera ir en contra de la Constitución porque la carta magna ordena favorecer a los más desfavorecidos, y en este caso los más desfavorecidos no son los beneficiarios de ese programa. Lo más desfavorecidos son los que sacan muy malos exámenes de bachillerato y que nunca podrían pasar un examen de universidad”.

El también ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional advirtió que “aquí se está beneficiando a personas muy capaces e inteligentes, y eso está muy bien pero no es lo prioritario según la Constitución.Un Gobierno que quisiera tomar en serio la orden constitucional de favorecer a los más desfavorecidos, tendría que dirigir esos recursos para mejorar las condiciones de los más débiles, de los más deficientes, para que puedan acceder a la educación superior. Así, la conclusión es que los recursos de Ser pilo paga deberían ampliar más bien los cupos de las universidades públicas, para que todo estudiante que termine el bachillerato pueda ingresar a las instituciones técnicas o universitarias”.

En la misma línea, Moisés Wasserman, científico experto en educación superior y exrector de la Universidad Nacional, aseguró que Ser pilo paga “es un programa que da oportunidades, y como cualquier programa que da oportunidades es bienvenido. Pero, de una política de estado esperaría que fuera una política muy amplia y que buscara dar oportunidades igualitarias a todos los jóvenes. Esto se logra con una política agresiva de educación pública, que sería la salida más razonable”.

En este sentido, Wasserman agregó que es “un programa limitado a muy pocas personas, con unas características muy especiales tanto de calidad académica, como de bajos ingresos.

Entonces, realmente, por su propia definición, es un proyecto limitado y no me parece que pueda constituir una política de Estado. Una política de Estado debe ser general, amplia, ambiciosa, que conduzca a posibilidades igualitarias para todos los jóvenes”.

¿Por qué los 'pilos' se van para las universidades privadas?

La predilección de los ‘pilos’ por las universidades privadas es uno de los puntos que señaló el presidente Santos como un desajuste que deberán estudiar, antes de convertir el programa en ley.

Entre las posibles razones para explicar el desequilibrio, expertos plantean que debe considerarse que hay más universidades privadas acreditadas respecto alas públicas que cuentan con el máximo aval del Ministerio. De la lista 44 instituciones de educación superior, 17 de ellas son públicas. Es decir, entre las opciones de los jóvenes el 62% corresponde a la educación privada.

El rector de la Universidad de Antioquia apuntó que la sensación de mayor beneficio atrae a los ‘pilos’ hacia las privadas, que “los jóvenes se sienten más beneficiados si les pagan una carrera en una universidad privada que una pública. Es que si a mí me dan una beca de $200 millones yo me siento rico, en cambio en la pública esa beca no sería ni de 5 millones porque los jóvenes de estratos 1 y 2 con promedios altos pagan $1.000”.

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Isabela Morales, estudiante beneficiada desde la primera edición del programa, explicó que escogió una universidad privada porque “para acceder al crédito ya tenías que haber sido aceptado por la universidad. Entonces cuando salió la beca ya no había inscripciones para la Universidad de Antioquia, ya el examen lo habían hecho hace mucho tiempo entonces no se podía hacer nada. Las únicas opciones que tuve para mi programa fueron la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad Eafit, porque yo quería estudiar en Medellín, entonces me incliné por la UPB porque me parece que tiene más trayectoria en mi carrera.

Además de estas razones, Morales expresó que los exámenes de admisión a las universidades públicas son de alta complejidad y los cupos son reducidos, lo que se convierte en una barrera de entrada a la universidad pública, incluso para los jóvenes con puntajes excelentes en las Pruebas Saber.

Pluralidad social en los campus 

La llegada de más de 25.000 jóvenes de escasos de recursos a las universidades de élite del país ha tenido consecuencias que son advertidas por rectores y docentes.

El presbítero Julio Jairo Ceballos, rector de la Universidad Pontificia Bolivariana donde hay 1.650 estudiantes beneficiados, sostuvo queel programa Ser pilo paga “podrá necesitar de ajustes, pero vemos que con las variables en la que está concebido, nos ha planteado importantes retos a las universidades: ser cada vez mejores en cuestión de alta calidad para conseguir su acreditación y, sobre todo, estrategias y acciones de inclusión y permanencia”.                        

Ceballos señaló que “los estudiantes llegan con necesidades especiales, ante eso, hemos fortalecido nuestros programas de permanencia y, específicamente la UPB, sus acciones de nivelación académica, acompañamiento sicológico, social, emocional, pastoral; además de recursos físicos y logísticos”.

En este sentido, Gabriel Jaime Arango, director de Docencia de la Universidad Eafit, donde estudian aproximadamente 1.000 ‘pilos’, consideró que la experiencia en esta universidad ha sido totalmente positiva porque han sido muchachos dotados de capacidades y voluntad.

Sin embargo, apuntó Arango, “el programa tiene que ser ajustado en varios aspectos. Uno es que estos muchachos necesitan a veces nivelaciones académicas para tener las competencias necesarias para enfrentar la exigencia universitaria. Dos, es que muchas veces necesitan un apoyo socio-afectivo y emocional porque muchos cambian de contextos rurales a urbanos y tienen que dejar a las familias. Tres: necesitan también un acompañamiento que les permita socializar mejor con los otros compañeros, porque generalmente entre ellos se conocen porque vienen de los mismos colegios mientras que los pilos llegan como extraños. Y también hay que ayudarles a fortalecer la confianza para que crean en las capacidades que tienen”.

Rodolfo Arango, quien también es docente en la Universidad de Los Andes –la institución que más ‘pilos’ tiene en el país– aseguró que “la población de la universidad ha cambiado radicalmente. Ha sido muy positivo porque ya no es una universidad que se distinga por tener a las élites económicas, sino porque hay muchas personas capaces, de muy diversas procedencias”.

En la Universidad de Los Andes, según los datos que aportó el rector Pablo Navas a medios de comunicación, en el primer semestre de 2016 el 41% de los estudiantes que entraron a esta universidad hacían parte de los programas Ser Pilo Paga y Quiero Estudiar.

Ante esto, Arango concluyó que “la verdad es que Los Andes no ha estado a la altura para modificar su forma de gobierno cuando los dineros públicos ya son los que financian en buena parte los costos de la universidad. Entonces si esto se va a volver constantes hay que pensar en modificaciones hacia el futuro, porque en últimas se vuelven instituciones mixtas por la cantidad de dinero público que reciben”.