La Procuraduría General pidió este lunes a la Fiscalía comenzar el proceso de extinción de dominio de los bienes de la constructora brasileña Odebrecht, implicada en un escándalo de corrupción en el país.

El ministerio público indicó en un comunicado que "solicitó iniciar el proceso de extinción de dominio sobre los bienes de la multinacional brasileña Odebrecht, comprometida en el escándalo de corrupción por la adjudicación de la Ruta del Sol tramo dos y sus otrosíes, las irregularidades del contrato para la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena y el crédito del Banco Agrario".

Adicionalmente, la Procuraduría pidió "la adopción de medidas cautelares para asegurar los bienes que sean sometidos a extinción de dominio, que deberán quedar bajo depósito de la Sociedad de Activos Especiales para preservar el interés general y asegurar la eficacia de la justicia". 

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La Procuraduría sustentó su petición en las "actividades ilícitas realizadas en Colombia por la firma Odebrecht para beneficiarse indebidamente de contratos de obras públicas ofertados por el Estado en contravención al ordenamiento jurídico colombiano".

En la petición, la entidad anexó un listado de los posibles bienes de Odebrecht que puedan ser objeto de extinción de dominio, que incluye quince cuentas bancarias, 29 subcuentas y quince predios.

Para el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, resulta "inaceptable que Odebrecht quiera seguir al frente de los contratos porque aunque en Colombia no exista la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es lo que nosotros estamos buscando, esos señores sí ameritan una sanción social y societaria".

Por el escándalo de corrupción de Odebrecht, la Procuraduría General de la Nación adelanta ocho líneas de investigación que comprometen a funcionarios del Banco Agrario, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, así como a cuatro exministros.

Los sobornos que pagó la constructora brasileña Odebrecht para garantizar la entrega de contratos viales en la carretera Ruta del Sol II ascendieron a 84.000 millones de pesos (unos 27,72 millones de dólares).

Con relación a ese caso hasta el momento han sido detenidos el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, el exsenador Otto Bula, y el exasesor de la ANI Juan Sebastián Correa, además de los empresarios Enrique y Eduardo Ghisays, César Hernández y Gustavo Urrego.

También está en la cárcel el senador oficialista Bernardo Miguel Ñoño Elías.